Demanda del Procurador General cancelar al Fiscal Ajunto en Santiago Rodríguez.

Rosamelina Díaz

Por Marcelo Peralta

SANTIAGO RODRIGUEZ, R.D.- La hija de una pareja de esposos, de 75 y 76 años de edad,  cuya vivienda que destrozada, allanada, sus ocupantes sacados semi desnudos, esposados apresados y maltratados demandó del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y del Director de la Policía, Ney Aldrín  Bautista investigar y sancionar a quienes actuaron en la operación.

Rosamilena Díaz, hija de Don Marcelo Díaz y de Doña Ovidia Belliard, denuncia que la casa de sus padres ubicada en el sector Mejoramiento Social en el Municipio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez, en la Región Noroeste fue violentada, allanada, por el Fiscal Adjunto Rafael Antonio Bueno Rodríguez y agentes de la Policía sin  hallar nada comprometedor.

Subraya que sus padres hubo la impostergable necesidad de ingresarlos en un centro de salud de la zona porque son enfermos de diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía, estaban solos, quienes al escuchar que su casa era derribada por orden del fiscal sufrieron impactos con la subida del nivel de azúcar en la sangre teniendo que ser hospitalizados. 

Díaz y Belliard, son también, padres de la Doctora Rosa Díaz profesional de la Carrera de y encargada del Departamento Gestión del Ministerio de Salud Pública con sede en la Provincia Presidente José Desiderio Valverde en la Región Noroeste.

En un escrito que colgó en las redes sociales, Rosamelina Díaz denuncia que sus padres fueron vejados a las 2:30 minutos de la madrugada del pasado sábado, maltratados, sacados en ropa interior de su casa a las calles, esposados, desmoralizados y desconsiderados por el magistrado Bueno Rodríguez y los agentes policiales que los acompañaban. 

Demanda del magistrado Alain Rodríguez y del Director de la Policía, Ney Aldrín Bautista que este caso no quede impune, que se apliquen las sanciones de rigor, debido a que sus padres son honorables; nunca estado en las puertas de la Policía y ni de la justicia con problemas.

Sostiene que después de que el funcionario judicial y la Policía, rompieron con mandarrias la puerta y liego allanaron sin justificación la casa de sus padres, a quienes esposaron,  sacaron a la calle en ropa interior a la vista de decenas de personas sin hallar nada comprometedor.

Relata que sus padres no son ricos, pero sí “millonarios en valores, hábitos, moralidad, costumbres, honestidad, seriedad, dones que les hace falta a muchos ciudadanos de la sociedad”.

Explica que sus padres se resisten retornar a su propia casa, porque están desmoralizados por lo sucedido, avergonzados con sus vecinos, frustrados con el comportamiento del Fiscal Adjunto Bueno Rodríguez y la actitud asumida por los policías actuantes en el caso.

Siempre y de acuerdo a la denuncia de Rosamelina Díaz, para ella con lo que le sucedió a sus padres, al parecer el funcionario judicial actúa sin tacto, carente de capacidad, antojadiza, sin criterio, allanando inmuebles de personas honorables.

Es por esa causa que sugiere al Procurador General de la República, Jean Alian Rodríguez, que funcionarios de esa postura deben ser retirar del sistema judicial porque en vez de realizar una labor eficiente, dañan la buena imagen de ese organismo.

Hace saber que la sagrada misión del Ministerio Público se basa en impartir justicia en forma transparente, accesible, imparcial y eficaz, con magistrados que garanticen la seguridad jurídica, la paz social; con vocación republicana y democrática en el marco del Estado de Derecho.

Sin embargo, sostiene cree que el Fiscal Adjunto, licenciado Rafael Bueno Rodríguez se divorcia de todo lo relacionado cada vez que no actúa con eficiencia, transparencia, tampoco es merecedor de la confianza de la ciudadanía y en la búsqueda permanente de la excelencia.

Mientras que considera que la misión institucional de la Policía es el de mantener las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de sistemas planificados de prevención e investigación para el control del crimen, el delito y las contravenciones, que permita salvaguardar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Subraya que la Policía debe ser la garante en los servicios de seguridad ciudadana, mediante una labor profesional, competente, confiable, transparente, efectiva, sustentada en el apoyo y la colaboración de la comunidad,  que a la  vez esté comprometida con la Constitución de la República, garante de la paz y la convivencia pacífica.

A su juicio, en la Policía deben haber valores basado en disciplina, dignidad humana, como lo estipula en sus principios fundamentales de actuación consagrado en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 590-16.

Esa ley establece que en la Policía debe primar el respeto absoluto a la Constitución y las leyes de la República con integridad, eficiencia, objetividad, profesionalidad, eficacia, vocación de servicios, atención a la ciudadanía.