Dejan 8 presos de los 39 implicados en la Operación Discovery

Algunos abogados emitieron opiniones diversas.

Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.- Ocho de los 39 detenidos en la Operación Discovery, deberán seguir presos por 18 meses, caso declarado “complejo” esta noche por el sistema judicial de aquí.

No obstante, se detalla, el Ministerio Público, logró la noche de este lunes que un Tribunal impusiera medidas de coerción a 8 de las 39 personas arrestadas en la Operación Discovery, porque se demostró suficiencia probatoria contra la red que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos haciendo uso de medios electrónicos.

Quienes deberán guardar prisión son Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Pablo Miguel Balbuena-Miguel Ortiz y/o La Válvula-.

Asimismo, Máximo Miguel Mena Peña, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán-Alikate-; Genaro Antonio Hernández Caba y Jhonatan Francisco Vásquez Ventura.

Se afirma, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, magistrada Yiberty Polanco, ordenó la prisión preventiva por 18 meses contra 8 de los encartados, considerados “líderes de la estructura mafiosa”.

La sentencia de los jueces, ordena, que Enmanuel Castro Ozuna-Billete- guarde arresto en domicilio, llevando consigo un dispositivo electrónico.

El imputado Willian Hiche Cárdenas deberá usar un dispositivo electrónico; pagar una garantía económica de 500 mil pesos a través de una compañía aseguradora, permanecer en el país y presentarse ante las autoridades en la fecha fijada.

El grupo lo completan.

Los encartados David Antonio Guzmán Javier, Juan de Dios Martínez Brito y Wilmer Abreu Durán pagarán una garantía económica de 800 mil, prohibición a salir del país, presentación periódica y la colocación de un dispositivo electrónico.

Entre tanto, Josué de Jesús Marte, Winston Rafael Batista Brito y Jean Carlos Rosa Vargas deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, prohibición de salir del país, presentación periódica y la colocación de un dispositivo de localización electrónica, como medidas de coerción.

Las imputadas Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz y Anabel Adames, garantía económica por la suma de un millón 500 mil pesos.

Tiene, impedimento de salida del país, la presentación periódica y la colocación de un dispositivo electrónico.

Al imputado Enrique Sánchez se le impuso la presentación de una garantía económica de 300 mil pesos, no puede salir del país sin permiso y presentación periódica.

La decisión del tribunal tiene medidas de coerción presentación de una garantía económica, prohibición de salir del país y presentación periódica.

Están Joel Estévez Then, Willys Mena, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Cristina Lhin Yeng, Linda Pérez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Wilson Núñez Rodríguez.

También, William Alberto Díaz Cruz, José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Salim Bautista Santana, Juan Carlos Belliard Uceta, Carlos Daladier Silverio Cabral.

Además, Ramón Tomás Camacho Tejada, José Óscar Peguero Martínez, Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Jonathan Yoelfri Peña Martínez.

La jueza valoró el debido proceso de ley con el que el Ministerio Público cumplió y destacó que había un delito de investigación previa, en la que se procedió bajo el marco legal.

En su argumentación, la juzgadora valoró la cooperación internacional con la cual el órgano investigador llevó a cabo la labor persecutora.

Rechazó que se haya transgredido el derecho interno, como alegaron los imputados a través de sus abogados.

Previo a detallar las medidas que impuso a los miembros de la estructura mafiosa, la jueza argumentó las razones por las que rechazaba todos los incidentes planteados por las defensas técnicas respecto al alegato de la inconstitucionalidad, acerca de la presencia de las víctimas y a la flagrancia.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público.

Igual, declaró el proceso de tramitación compleja, debido a que se trata de un caso en el que hay pluralidad de imputados, víctimas y de delitos endilgados.

El dispositivo de la sentencia, que será leído de manera íntegra el próximo martes 19 de abril, establece, además, que se impone una garantía económica e impedimento a salir del país contra los restantes 30 encartados. 

La imposición de las medidas de coerción a encartados evidencia su vinculación con la red mafiosa del ciberdelito y determina que el Ministerio Público cumplió con el debido proceso, finalizando la investigación con hechos integrantes de la estructura. 

Supuestos, violaron.

Al grupo se le imputan los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.

Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. 

La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la estafa.