Permisivilidad estatal no permoitirá sanciones bandoleros en la Digesett en el Plan Piloto.

Por Marcelo Peralta 

La sociedad vive en una especie de trauma por el alto nivel de libertinaje, connotación negativa, debido a que las normas restrictivas han perdido valor.

Es horripilante, salvaje, brutal, inaceptable, que ojalá no sea repetitiva la asqueante acción de agentes policiales de Tránsito contra Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, su personal, periodistas, fotógrafos, camarógrafo en el Canódromo.

Las escenas mostradas en la televisión, evidencia la basura de funcionarios en existentes en algunas instituciones del gobierno, sin formación, actúan con irrespeto ante ciudadanos sin importar investidura.

Sucedió ayer martes 11 de abril, en un país donde exista régimen de consecuencia, un gobierno que esté a favor del pueblo, ahí no quedara un solo empleado trabajando, sino tuvieran cancelados, presos en la cárcel, sometidos a la Justicia, impedidos para jamás prestar servicios en ninguna institución pública ni privada.

En un gobierno con dignidad humana, a esta hora las personas que laboran ahí, sin excepción tuvieran destituidas y presas.

Esas acciones reeditan “odiosos” años de dictaduras, violencia, atropellos similares a los de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer en que se gobernó el país a base de sangre, muertes, encarcelamientos, exilios, robos, golpes.

La desaprensiva actitud de los agentes, evidencia que estamos frente a un gobierno represivo, dictador, violador de los derechos ciudadanos más elementales.

El gobierno actual de Luis Abinader debía depurar todas las instituciones y expulsar a esos residuos del trujillismo, balaguerato, los engreídos de los pasados gobiernos del 1996 al 2020, porque se creen son dueños absolutos de los cargos estatales de que compraron el país.

A muchos de los atropellados debían estar recibiendo apoyo psicológico por haber sido víctimas de atropellos en el desempeño de sus funciones sociales, laborales y profesionales.

Y si el gobierno del PRM tuviera coraje debió ofrecer apoyo psicológico a las víctimas en salud; coordinar el ámbito jurídico, elaborar de la brutalidad de los agentes, peritajes de lo acontecido, implementar las sanciones más estrictas y averiguar el ocultamiento de las acciones delictiva de muchos de los agresores.