Ministerio Público apelará libertad acusados caso Los Tres Brazos
El fiscal José Miguel Marmolejos, en cargado de esos casos calificó la decisión como “divorciada” del Derecho, que no se corresponde con la acusación formulada ni con las pruebas presentadas ante el tribunal.
Marmolejos
dice dictamen del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de
la Instrucción del Distrito Nacional que favorece a Leoncio Almánzar,
exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales-Corde- y otros 16
acusados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos retornará a los tribunales.
Además
de Leoncio Almánzar, en este caso fueron imputados Manuel Aybar Ferrando,
exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor
jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito
Nacional.
Igualmente,
Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi
S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones
Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa
empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También,
José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la
entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y
Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en
condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos
apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El
Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones
Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L.,
Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
El
magistrado José Miguel Marmolejos, es el fiscal de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), deploró
la decisión y dijo que el organismo la apelará luego de que le sea notificada.
“Es
una decisión sumamente decepcionante, que nosotros la consideramos
completamente divorciada de lo que es el Derecho y que no se corresponde ni con
la acusación ni con las pruebas; por esa razón, nosotros estamos determinados a
que tan pronto la tengamos por escrito en nuestro poder, vamos a proceder
inmediatamente a apelar”, dijo, tras explicar que este lunes las partes
escucharon de forma sucinta las motivaciones del juez.
Mostró
confianza esa decisión será revocada por una corte de apelación con un grado
superior que la examine.
El
órgano de la persecución penal estableció que los involucrados en la trama
enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del
popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban
décadas viviendo.
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