Destituido como presidente y preso Pedro Castillo en Perú.
El presidente de Perú don Pedro Castillo fue destituido y apresado y la mujer Dina Boluarte que lo reemplaza tiene grandes retos.
Se evidencia el expresidente Castillo fracasó estrepitosamente y naufragó en medio de la ignominia, enfrentado por las instituciones tutelares del país, que se colocaron del lado de la legalidad y la historia.
Intentó disolver el Congreso, intervenir poderes del Estado, violentando
la norma constitucional, lo que aceleró mecanismos de control político.
Eso motivó y avanzó con la vacancia presidencial y la sucesión a la primera vicepresidenta, Dina Boluarte.
Ha sido una gran demostración de fortaleza institucional que las Fuerzas Armadas y la Policía, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía, organismos electorales, Contraloría, Defensoría del Pueblo, medios de comunicación salieran sin medias tintas para rechazar la intentona golpista.
Permite la esperanza en un futuro sin estos quiebres constitucionales, que en la historia reciente todavía registra Alberto Fujimori, quien cerró el Congreso en 1992 y Manuel Merino de Lama el 2020, que usurpó el poder por un breve período.
Se ha elegido a una autoridad elegida por voto popular y ahora Dina
Boluarte, la primera presidenta del Perú, la número 131 en los 201 años de vida
republicana y que tiene la misión de conducir el país por meses.
En su mensaje inaugural ha prometido un gobierno de todas las sangres que retome el camino del desarrollo, enfrentando el flagelo de la corrupción y levantando la bandera de la unidad nacional.
Para lograrlo, ha pedido una tregua política mientras se adoptan las medidas más urgentes con el nuevo Ejecutivo, que serán elegidos entre los mejores técnicos y provenientes de los partidos políticos democráticos.
Mientras se asienta el nuevo gobierno y se conoce la conformación de su
gabinete, queda la incertidumbre sobre la postura que desarrollará la nueva
mandataria en varios puntos que resultan trascendentes para la gobernabilidad
futura.
Se debe proponer desde el Ejecutivo un impulso a la reforma política
necesaria para evitar la inestabilidad permanente en la que se ha debatido el
país desde 2016 y que garantice el real equilibrio de los poderes públicos, sin
los excesos en los que han caído tanto el Legislativo como el Ejecutivo.
Estaremos atentos y vigilantes de las decisiones que adopte la nueva
mandataria.
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