18 meses de prisión preventiva acusados en Operacion Frontera.

Este caso involucra a militares activos y civiles, inició el pasado mes de febrero año 2023, en violación a la Constitución de la República, la Soberanía y la ley 137-03 relacionada al tráfico de personas de un país a otro, cuyos implicados recibirían condenas mínima de 10 años y la máxima de 15 años. 

El sistema judicial en Montecristi lo ha declarado "complejo", la medida cautelar revisable cada tres meses y el Ministerio Público deberá aportar las pruebas.

 

Por: Rosa Iris Mercado, Samuel Jiménez Suero y Chana Cabrera.

SAN FERNANDO, Montecristi. R.D.- Cinco hombres y una mujer han sido enviados a prisión por el juez de la Oficina de Atención Permanente de Juzgado de Instrucción de aquí, magistrado Erikson Castro Guerra, a cumplir 18 meses en la cárcel apresados en el caso “Operación Frontera” inculpados de violación a la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

 

Esta ley 137-03 establece sanciones mínimas de 10 años; máxima de 15 años de prisión; incautación de bienes materiales a quienes se compruebe sean culpables del tráfico de seres humanos, introducción, paso y salida ilegal de personas, porque esto se ha convertido en un negocio que genera beneficios a traficantes, organización criminal y perjudica al país receptor.

 

Involucrados están Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.

Además, los miembros del Ejército Dominicano con rangos de segundos tenientes José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; sargentos mayores Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.

 

El sistema judicial de Montecristi ha decidido declarar este caso “complejo” con el objetivo de reunir mecanismos extraordinarios de pruebas, extensión de plazo, buscar apruebas con la finalidad que parte acusadora utilice herramientas en la asignación de actores bajo reserva de identidad y agentes encubiertos para definir la condena a los implicados.

 

El honorable juez estableció que la medida cautelar impuesta será revisable cada tres meses; mientras el Ministerio Público como ente acusador deberá presentar evidencias en un período den 8 meses.

 

Tras el proceso de conocimiento de la medida que inició el viernes 24 de febrero del año 2023, donde se presentaron incidentes que motivaron su aplazamiento.