Incautan en el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte más de 70 mil útiles escolares falsificados.

Bolsas con los útiles escolares falsificados incautados por las autoridades. 

Por vía del departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía, apoyo de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, investigadores y Falsificaciones de la Policía, en tres allanamientos en la avenida Juan Pablo Duarte la cantidad de 70 mil artículos escolares falsificados fueron incautados.

Actuaron los fiscales Marineldy Peña, Miguelina de Palma y Rafael Reyes, en cuyos operativos se confirmaron que útiles decomisados presentaban signos distintivos falsificados, en violación a la Ley número 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En otro allanamiento, efectuado en la Zona Colonial del Distrito Nacional, fiscales ocuparon en una imprenta decenas de textos escolares falsificados, máquinas, planchas de impresión, equipos utilizados para reproducirlos ilícitamente en violación a la Ley número 65-00 sobre Derecho de Autor, en perjuicio de autores dominicanos

Esos operativos realizados en San Isidro, municipio Santo Domingo Este, la fiscal Lauridelissa Jiménez, adscrita a la Unidad de Propiedad Intelectual, incautó más de 65 mil productos escolares falsificados, mochilas, loncheras y cartucheras, lo que eleva a más de 70 mil útiles ocupados en estos operativos, lo que constituye uno de los casos más significativos contra la falsificación de marcas en el país.

Marcas alertan sobre incremento de falsificaciones en el país.

Rosalba Ramos, procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, advirtió que «el uso indebido de signos distintivos reconocidos por las marcas induce al consumidor a creer que adquiere un bien legítimo», que en realidad se trata de copias de baja durabilidad y sin estándares de calidad.

«Esta práctica no solo constituye un fraude que afecta la lealtad comercial, vulnera el derecho constitucional de los consumidores a recibir información veraz, oportuna sobre los bienes y servicios que adquieren», subrayó.

Desde las marcas afectadas se ha alertado sobre el incremento de falsificaciones en distintos puntos del país, en zonas comerciales informales, crece la preocupación que no se limita al daño económico, reputacional, sino también a los riesgos para la salud, ya que muchos de estos productos se fabrican sin controles de calidad ni certificaciones, porque padres que adquieren mochilas, loncheras, cartucheras creyendo que son originales terminan recibiendo artículos que se rompen fácilmente, desprenden olores fuertes y utilizan materiales inseguros.

Procuradora de Corte

Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y titular de la Unidad de Propiedad Intelectual, destacó que «el uso fraudulento de una marca registrada afecta directamente a los empresarios que invierten en calidad y reputación, pero también a las familias que confían en esos productos, sobre todo cuando se trata de útiles escolares para sus hijos».

El Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Estos en aras de garantizar un comercio justo y seguro para la ciudadanía.