Impondrán 175 años de cárcel al fundador de Wikileaksi.

Por Sergio Ortiz:
Libertad
al fundador de Wikileaksi
El 24 de febrero comenzó en Londres
el juicio para saber si se extradita o no a Julián Assange a EE UU, donde lo
aguardan 18 causas penales y riesgo de 175 años de cárcel.
El lunes 24 empezó en la corte de
Woolwich Crown, cercana a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el
sureste de Londres, el juicio donde se resolverá si el Reino Unido acepta o no
extraditar al fundador de WikiLeaks hacia EE UU, tal como lo reclamó en la
primera audiencia el fiscal estadounidense, James Lewis.
El enviado judicial de
la administración Trump declaró que Washington aplicará la misma persecución
judicial que sufre el líder de WikiLeaks contra cualquier periodista que revele
secretos de Estado.
El detalle que Lewis omitió es que
lo divulgado en 2010 por el australiano en su sitio son pruebas sobre crímenes
de guerra cometidos por militares de EEUU que la justicia estadounidense no ha
investigado.
Ésta es una de las grandes paradojas de este infame proceso: los
generales norteamericanos masacraron a población civil en Irak y Afganistán,
torturaron prisioneros en Abu Ghraib (Irak) y Guantánamo, etc., pero están
libres, percibiendo sus salarios y ostentando sus condecoraciones.
En cambio,
el medio que denunció esas atrocidades fue demonizado como si fuera parte del
enemigo terrorista. Su director vio negada su condición de periodista y debió padecer
en vida mil calvarios.
Su supuesto delito fue publicar hace
diez años 250.000 cables diplomáticos cruzados entre el Departamento de Estado
y las embajadas norteamericanas (incluyendo la de Argentina, como ya se verá) y
unos 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército
estadounidense en sus invasiones de Irak y Afganistán.
El primer cargo que le hicieron fue
ayudar a la analista militar Chelsea Manning a extraer de computadoras los
cables referidos a esos dos teatros de agresión. Por esa acusación la pena
máxima era relativamente menor, 5 años de cárcel.
Casi una invitación a aceptar
la acusación y entregarse mansito porque en poco tiempo recuperaría la
libertad. Luego le adosaron otros 17 cargos basados en una ley de Espionaje de
1917, de tiempos de la Primera Guerra Mundial, agravándose la eventual condena.
Si la jueza británica Vanessa
Baraitser que dirige el juicio en Woolwich fallara a favor de la extradición,
al australiano podrían condenarlo a un total de 175 años por esos 18 cargos.
Como ya tiene 48 años de edad, sería una condena de más de dos penas de muerte.
Eso supondría una tremenda
injusticia y virtual condena a perpetua, a morir en prisión. Pero hay algo peor
aún: sería una condena para todo el periodismo, sobre todo el de investigación,
el que escudriña en los secretos del poder imperial y los ventila para
conocimiento de millones de personas.
Washington estaría condenando al
periodismo todo, no sólo al prisionero australiano. ¿Quién se animaría luego a
repetir las hazañas del fundador de WikiLeaks o del norteamericano Edward
Snowden, que también sacó a relucir las miserias de las agencias de espionaje
norteamericano? A pesar de todo es posible que aparecieran nuevos Assange y
Snowden, en un clima aún más peligroso que el que se respiraba entre 2010 y
2020.
Muchos años sufriendo.
Para tratar de llevarlo detenido a
yaquilandia, a Assange le inventaron una doble denuncia por abuso sexual
formulada por dos mujeres en Suecia; la justicia de ese país decidió cerrar
esas causas tras muchos años sin elementos para sustentarla.
Esa denuncia sirvió para que la
justicia inglesa, donde Assange vivía, dispusiera juzgarlo y tenerlo 50 semanas
bajo arresto domiciliario. Cuando venció ese lapso, se asiló en la embajada de
Ecuador en Londres, con permiso del entonces presidente Rafael Correa, entre el
17 de junio de 2012 y el 11 de abril de 2019.
Ese día el traidor “Kautsky”
Moreno le quitó la protección y permitió que la policía inglesa lo llevara preso
a Belmarsh. Desde entonces pasaron otros 315 días en prisión, esperando el
juicio de extradición.
Si los números no fallan, el creador
de WikiLeaks ha estado 3.154 días entre preso y asilado en un pequeño ambiente,
sin poder cuidar su salud ni sus afectos, sometido a aislamiento, espionaje,
campaña de demonización y sin poder armar su defensa. Eso ya suma 8,7 años de
una detención arbitraria y como equivalente a tortura, como la calificó desde
2016 el relator el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer.
El juicio actual tiene dos fases
previstas. Una durará esta semana y luego se reanudará entre el 18 de mayo y el
5 de junio próximo, cuando se emitirá el fallo.
Éstos son meses claves para la
libertad y la vida de Assange, motivo por el cual no sólo los comunicadores del
mundo deberían tomar posición pública. El cronista ya firmó la solicitada de
1.348 periodistas de 99 países
(https://desinformemonos.org/periodistas-alzan-la-voz-en-defensa-de-julian-assange/).
Una razón extra para ser agradecidos
con esa víctima del imperio militarista es que gracias a WikiLeaks se pudieron
conocer los enjuagues de la embajada estadounidense, en tiempos de Vilma
Martínez y de Earl Wayne con políticos como Mauricio Macri y Sergio Massa, el
fiscal Alberto Nisman, los dueños de Clarín y operadores como Joaquín Morales
Solá, Eduardo van der Kooy y Jorge Lanata.
De los miles de cables develados,
2.510 eran de la embajada yanqui en Buenos Aires, analizados por Santiago
O’Donnell en “ArgenLeaks” (Ed. Sudamericana). Uno del 7 de mayo de 2007
informaba: “tenemos una fuerte relación de trabajo. Nos comunicamos de arriba a
abajo con la línea gerencial, involucrándonos en conversaciones diarias con
editores y periodistas de Clarín sobre la relación bilateral, y rutinariamente
los incluimos en programas de entrenamiento en los EE UU” (pág. 99).
En noviembre de 2009 Massa, en
reunión con la embajadora Martínez, “llamó a Néstor ‘psicópata y cobarde’ y
dijo que su actitud de matón en la política esconde una profunda sensación de
inseguridad e inferioridad” (pág. 213).
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