La Fiscalía defiende poner a cero el contador de los plazos para las investigaciones penales

El real decreto y la ley de medidas para evitar el colapso en los tribunales cuando se levante el estado de alarma implica, según defiende la Fiscalía, poner a cero el contador de los plazos de todas las investigaciones penales.

Esta interpretación supondría dejar sin efecto, en la práctica, la reforma legal aprobada en el año 2015 la instrucción de las causas penales, una norma que el ministerio público pide revocar.

Juristas consultados consideran que la interpretación de la Fiscalía es contraria al derecho que tiene los investigados a un proceso sin dilaciones indebidas.

La norma aprobada el martes por el Consejo de Ministros para afrontar la desecalada en los tribunales contempla que se reinicien los plazos procesales que quedaron suspendidos al decretarse el estado de alarma.

Es decir, que si una parte tenía pendiente presentar un recurso para el que le habían dado 10 días de plazo y cuando se decretó el confinamiento le quedaban tres días, volverá a tener los 10.

Pero la norma no especifica cómo afecta esta medida a los plazos de instrucción penal, limitados a seis o 18 meses, según la complejidad de la causa, por una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.