Agencia EFE difunde al mundo reacciones sobre funcionarios corruptos

Santo Domingo, 15 may (EFE).- Varias organizaciones y ciudadanos depositaron hoy ante el Tribunal Constitucional un documento para pedir que se mantenga y proteja el párrafo tres del artículo 85 del Código Procesal Penal, por considerarlo como el único recurso legal que le queda a la ciudadanía para defenderse del azote de los funcionarios corruptos.

En el documento las organizaciones, procedentes de diferentes regiones del país, presentaron a la alta corte varias razones jurídicas que avalan, en su opinión, la constitucionalidad del párrafo que el exministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Díaz Rúa, “pide eliminar del Código Procesal Penal”.

El grupo advirtió que, de declararse inconstitucional el referido texto legal, los sectores políticos dedicados a depredar los recursos públicos “conseguirán un blindaje judicial sin precedentes en la historia de República Dominicana y la región”.

“La corrupción sería definitivamente intocable e incuestionable”, aseguraron.

“Lo inconstitucional sería derogar el artículo 85, porque el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a querellarnos forma parte de los actos que garantizan el derecho fundamental de acceso a la Justicia. Y la Constitución garantiza que los derechos fundamentales no se recortan, sino que su protección debe ser cada vez más amplia”, según la iniciativa ciudadana.

A su vez, consideraron que se trata de un deber constitucional y que la Carta Magna establece el control ciudadano de la Administración y sus funcionarios.

Además consideraron que el interés general debe ser protegido, que los derechos no son sólo los que establece la Constitución y que la misma condena la corrupción.

También opinaron, entre otros, que el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a querellarse contra los funcionarios no choca con la función que tiene el Ministerio Público de perseguir la corrupción y que el control ciudadano en esta materia es un mandato de Naciones Unidas.

La acción en la alta corte fue suscrita por el Centro Juan XXIII, la Mesa de Transparencia y Justicia del Foro Ciudadano, el Centro Bonó, Participación Ciudadana y el Centro Antonio Montesinos, así como varios ciudadanos independientes.