GOBIERNO DE ESPAÑA APRIETA EMPRESARIOS

ESPAÑA. Los principales damnificados directos por las medidas de ajuste del Gobierno son los funcionarios, los consumidores, los parados y las personas dependientes. Pero junto a ello, las medidas del Gobierno también dan un duro golpe a las empresas, tanto por el aumento de la tributación del impuesto de sociedades, como por las medidas de carácter sectorial y por el impacto sobre los márgenes y la demanda de la subida del IVA. La situación se agrava porque el nuevo golpe fiscal llega en plena recesión, con las empresas en una situación débil, y porque se extiende cada vez más a las de menor tamaño. En esa situación, las dificultades de las empresas pueden acabar traduciéndose en recortes de sueldos y plantillas.

El Gobierno aprobó el viernes nuevas medidas para aumentar la recaudación del impuesto de sociedades que elevarán la presión fiscal en unos 2.500 millones de euros anuales durante este año y los dos próximos. Ese hachazo de 7.500 millones se logra en buena parte exprimiendo al máximo el adelanto en la tributación con el endurecimiento de los pagos fraccionados. El importe mínimo pasa para este año y el próximo del 8% al 12% y el tipo aplicable también se incrementa para empresas con un volumen de negocio superior a los 10 millones. Además, se incluye en la base imponible de esos pagos fraccionados un 25% de los dividendos y rentas de participaciones que tienen derecho a exención. Es una forma del Estado de lograr liquidez a costa de las empresas, pues esos mayores pagos fraccionados se ven luego compensados en la declaración final.

Para los periodos impositivos que empiecen en 2012 y 2013, las empresas que facturen más de 60 millones, la compensación de bases imponibles negativas (créditos fiscales por las pérdidas sufridas en años anteriores) estará limitada al 25% de la base imponible previa a la compensación. El límite será del 50% para las que facturen entre 20 y 60 millones. Como con los pagos fraccionados, es una vuelta de tuerca más a las limitaciones que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el verano de 2011. Antes de esa reforma, una empresa que tuviese suficientes créditos fiscales por pérdidas acumuladas podía compensar el 100% de los beneficios.

Además, se reduce del 10% al 1% (se pasa de 10 a 100 años) el límite de deducción de los activos intangibles de vida útil indefinida (como las marcas).