Abusos, pisoteo a Soberanía e intromisiones no cesan en República Dominicana.


Puerto Plata, República Dominicana.- Una comunidad de haitianos indocumentados crece y se consolida en el municipio Montellano, provincia Puerto Plata situada al Norte de la República Dominicana.

En algunos actos de entrega se ha visto Elio Madonia, presidente de la Fundación en Cánada; Todd Kuiack, exembajador de Canadá en el país; Ben Sawatzky, presidente de Spruceland Millworks; Ilana Neumann, alcaldesa de Sosúa y Aquilina Medina, presidenta del concejo municipal.

 “Los algodones” o Villa Esperanza, como le llaman los del entorno, ya cuenta con unos 1, 200 inmigrantes provenientes de Haití.

El lugar ubicado a unos 2.1 kilómetros de la carretera Puerto Plata-Sosúa, era un batey y fue convertido por Arismendi Medina, concejal del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en Sosúa y presidente de la Fundación El Samaritano, en un barrio con unas 250 casas de blocks, techos de zinc y pisos de cemento gris.

Al proyecto, según el funcionario edificado con fondos de la Fundación con sede en Canadá, le fue construido una escuela, dos iglesias, un dispensario médico, suministro de agua por tuberías, cableado eléctrico y un parque de recreación. Con los años los haitianos le han agregado colmados, barbería y otros negocios.

En Google Earth se observa cómo ésta zona de unos 3 mil metros cuadrados, en 2007 sólo era arbustos, para marzo de 2011 continuaba igual, y es en diciembre de ese mismo año cuando comienzan las edificaciones.

Todas las casas con un mismo modelo: dos pequeñas habitaciones, baño, sala y comedor, cocina y galería. Un espacio de unos 50 metros cuadrados donde conviven hasta nueve miembros de una familia. Algunos de los pequeños son ya oriundos del lugar.

Félix José, por ejemplo, reside junto a su esposa, su madre, padrastro y cinco hijos, el menor de un año y la mayor de 13.

“Yo trabajo para todos, a veces en construcción, pero a veces duro hasta dos y tres meses sin hacer nada y hay que coger  “fiao” en el colmado”, manifestó en español, mientras los familiares se escuchaban hablar en creole.

Justo al lado de Félix, habita Yeda Lamú, de 26 años, junto a otras siete personas. De acuerdo a sus declaraciones, llegó a Villa Esperanza hace seis años con un hijo de dos; ahora cuenta con uno de cuatro y otro de siete meses.

Cuando el concejal entregó a su marido la casa en República Dominicana, Lamú relata que su cónyuge la envió a buscar a Haití, en donde vivía alquilada y pagaba 500 Goude.

legales
Varios de los residentes en el lugar admitieron que “ninguno” de estos haitianos cuentan con la documentación necesaria para estar legal en territorio dominicano. Indican que con el Plan Nacional de Regularización han intentado normalizar su situación pero se les ha dificultado.

“Eso que están haciendo, cada vez que uno lleva un papel que hace falta, dicen que no, que eso no sirve y uno gastando cuarto”, manifestó uno de los haitianos.

Mientras otro que dijo ser uno de los representantes de la comunidad haitiana, resaltó que tampoco los que han nacido en la zona poseen documentos.

“Una de las principales dificultades que tenemos es que el 95 por ciento de los que son nacidos y criados aquí en la República Dominicana, no tienen documentación”, precisó.

El concejal alega ignorancia
Cuestionado sobre la razón por la que la Fundación, construye viviendas a indocumentados en el país, Arismendi Medina dijo que desconocía el estatus migratorio de esas personas.

“Solamente se reformó la condición de vida de ellos en ese sector, porque ellos vivían ahí. El Estado es que los tiene aquí, no somos nosotros. 

El Estado tiene su departamento y su servicio de inteligencia y de Migración, ellos son los que tienen que ponerlo en práctica, yo no tengo la culpa de que diario dejen meter cientos de personas de otro lugar, eso no me corresponde a mí como presidente de la Fundación”, manifestó molesto.

P. ¿Pero le corresponde realizarles casas para que ellos se queden viviendo aquí en el país?

R. Bueno, que lo desalojen si no cumplen con los procesos legales, para eso están los servicios migratorios. ¡Lo que tiene que hacer el Gobierno es llevarlos a su país!, concluyó y colgó el teléfono.

La vida en el barrio
En la comunidad Villa Esperanza, el acceso a educación y salud es limitado. La escuela llega hasta octavo de la primaria y cuenta con unos siete profesores.

Cuando los estudiantes alcanzan octavo grado, algunos-muy pocos-, optan por trasladarse a la ciudad de Puerto Plata para continuar el bachillerato. Sin embargo, indican que se les dificulta porque para llegar deben conseguir el dinero del traslado.

Por otro lado, de acuerdo a sus informes, a pesar de que cuentan con un dispensario médico, sólo reciben la visita los lunes de un doctor, que está de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Los días feriados no funciona.

“A veces los muchachos se enferman en la mano de uno y tenemos que ir para Puerto Plata y ni pasaje uno encuentra, cogemos un moto concho fiao y lo pagamos cuando encontramos”, manifestó uno de los haitianos.

La preocupación era generalizada
Aunque reciben el servicio de agua y luz, cuando se ausenta, muchos utilizan el agua de la cañada para descargar los baños.

En esta zona con calles sin asfaltar, la precariedad abunda en las viviendas. Muchas de las casas carecen de estufa para cocinar por lo que utilizan anafe y carbón.

La mayoría de las mujeres no trabajan, mientras los hombres por lo general se ganan la vida como “obreros de construcción y chapeo”.

La Fundación
De acuerdo a la declaración de Medina, la Fundación El Samaritano, fue creada para ayudar a la gente pobre.

En 27 años que llevan trabajando, han construido alrededor de 1, 500 viviendas para familias de escasos recursos y unos diez templos evangélicos.

“Los terrenos que utilizamos para construir se compran al sector privado, a los dueños de esos terrenos, el Estado nunca ha puesto cinco centavo para eso”, respondió a una pregunta.

Son 12 proyectos que han levantado en Sosúa y Puerto Plata, de los cuales- admite-, Villa Esperanza y Villa Ascensión, corresponden a nacionales haitianos.

“Mayormente nosotros estamos trabajando con dominicanos, lo que pasa es que en algunos casos excepcionales, habían algunos lugares que estaban ocupados entre dominicanos y haitianos, y se construyeron las viviendas para los que vivían que eran barrios mixtos, pero todos los barrios que hay son para dominicanos”, afirma.

No quiso dar detalles de la cantidad total de viviendas que han entregado a los haitianos y del número de ellos que ya habitan allí.


Informes de prensa dan cuenta que un proyecto de vivienda de estos puede salir en alrededor de 1.5 millones de dólares. 

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