jueves, 19 de abril de 2018

Caso de desfalco de 1.500 millones de pesos juzgarán al montecristeño Hӎctor Rodríguez Pimentel.

Héctor Rodríguez Pimentel
Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.- El caso del ingeniero montecristeño, Héctor Rodríguez Pimentel continuará ventilándose en los tribunal.

Ahora ha sido fijado para el día 7 de mayo en cuya audiencia se va a conocer contra Rodríguez Pimentel en el que está implicado en un alegado desfalco de un monto superior a los mil 500 millones.

Ese mal  manejo se habría producido en su gestión del año 2007 cuando tenía las funciones de director del Instituto de Recursos Hidráulicos entre los avos 2007 y 2008.

Ha de recordarse, en la gestión Rodríguez Pimentel fue cuando el desastre de la presa Tavera-Bao en Santiago que causó millares de pesos cuando fue desaguada destruyendo miles de viviendas, causando muertes de innúmeras personas al desbordarse el Río Yaque del Norte.

A la presa los encargados del control de las compuestas les soltaron la cantidad de 8 mil 500 metros de agua por segundos para evitar que sus paredes explotaran.

Pero, por este caso, el director del INDHRI de entonces no fue sometido a la justicia, sino por casos anteriores.

No obstante, son jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Primera Instancia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que deben juzgarlos.

Para el 7 de mayo es la nueva audiencia a los fines de citar testigos para que comparezcan, y que uno de los seis imputados en el caso, que no tiene abogado, sea representado por la Defensoría Pública.

Además de Rodríguez Pimentel están implicados en el caso José Antonio Pérez Jiménez, Príamo Méndez Cuesta, Manuel de la Cruz Martínez, Fiordaliza del Carmen Salazar y Teodoro Ruiz.

El Tribunal está integrado por los jueces Rafael Pacheco, Arline Ventura y Milagros Mercedes Ramírez.

El auto de apertura a juicio contra Rodríguez Pimentel y varios de sus colaboradores en el INDRHI fue dictado en septiembre del 2017 por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Rodríguez Pimentel fue designado en el cargo en agosto del 2007.

La Procuraduría Anticorrupción (Pepca) le atribuye violar los artículos 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 177,178, 265, 266 y 405 del Código Penal; 146 de la Constitución, y la Ley 340-06.

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