En Santiago desatan red de mafiosos que vendía medicamentos falsos y los condenan a 10, 7, 5 y 2 años de cárcel.

Foto ilustrativa.

Por Marcelo Peralta.

Santiago, R.D.-Una peligrosa mafia de vendedores de medicamentos falsos ha sido desarticulada, cerradas algunas farmacias y laboratorio y varios de sus integrantes condenados a 10,5,  7 y 2 años de prisión.

El Ministerio Público de este departamento judicial logró que fueran condenadas con penas de entre 10 hasta 2 años de prisión, un total de 6 personas acusadas de formar de una red que se dedicaba a la falsificación y adulteración de medicamentos.

Ha sido el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago que logró la condena a 10 años de prisión a Eddy Alberto Cruz Santana.

Mientras que en la misma sentencia, se impuso 7 años de prisión a Mónica Altagracia Rodríguez Marte y Natanael Cuevas Sena-Natón-.

Del mismo modo, se aplicó un veredicto de 5 años a Andrés Miguel Rodríguez, y a 2 años cada uno contra los nombrados Ubaldo Rosario y Francisco Javier Gómez Veras.

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público, se informó que el grupo fue condenado por los delitos de almacenamiento, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, adulterados, vencidos y sin registro sanitario.

Todos, están acusados de formar una Asociación de Malhechores, de violación a la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas en perjuicio del Estado Dominicano y Pfizer, Inc. y Parke Davis & Company, LLC.

El Ministerio Público en Santiago, que dirige la licenciada Luisa Liranzo, destacó que la prevención y persecución de la falsificación de medicamentos y otros productos en sentido general, son temas de prioridad en el plan de trabajo institucional trazado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez.

La institución sostuvo respecto al caso que durante las labores investigativas, se realizaron allanamientos simultáneos en fecha 22 de septiembre del año 2015.

Señala que mediante un procedimiento administrativo paralelo al penal y ante la jurisdicción competente, siendo clausuradas la Farmacia 2000 y Farmacia Los Reyes, ambas localizadas en la Zona Sur en Santiago.

De igual manera, dijo que realizaron allanamientos en residencias y en los laboratorios Roflos, en donde hallaron medicamentos adulterados, vencidos, falsificados, sin registro sanitario, no tenía números de Lote, entre otras violaciones a la citada Ley General de Salud.

Precisó el ministerio Público que Eddy Alberto Cruz Santana, era el propietario de las dos farmacias.

La institución del judicial dice que el nombrado Ubaldo Rosario Flores, es señalado como el propietario de los laboratorios Roflos, quien tenía registro sanitario, no obstante falsificaba y adulteraba medicamentos.

El Ministerio Público indicó que durante el juicio fueron presentadas contra los condenados diferentes pruebas vinculantes a los referidos delitos.

Declara que fueron obtenidas durante el proceso de investigación, luego de la realización de allanamientos en una comunidad de la ciudad de Santiago, donde se ocuparon medicamentos falsificados, vencidos, adulterados y sin registro sanitario, así como varias armas de fuego ilegales.

Dijo que la Procuraduría Fiscal de Santiago presentó formal acusación contra los condenados por los delitos descritos en los artículos 265, 266 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 110, 111, 115, 156 Numeral 3, artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 22-05 modificada por la Ley General de Salud de la República Dominicana Ley No. 42-01 y su Reglamento No. 246-06.

La información destaca que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, licenciada Luisa Liranzo,  en coordinación con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud; la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública.

Participaron, miembros del Departamento de Falsificaciones de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL), realizaron labores de inteligencia, dando como resultado el conocimiento de las operaciones delictivas que este grupo de ciudadanos cometía poniendo en riesgo la salud de la población como derecho fundamental.