Procuradora Germán Brito: “Persecución a criminalidad y corrupción administrativa favorecen seguridad jurídica”
Por Marcelo Peralta
Santiago, R.D.-La
procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, aseguró
este jueves que la persecución de la criminalidad y la corrupción
administrativa impactan positivamente en la seguridad jurídica y destacó que la
lucha contra ese flagelo es prioridad de su gestión.
“Una cuestión que, en efecto,
merece la pena ser analizada es el impacto que tiene en la seguridad jurídica
el nivel de efectividad de las actuaciones que despliega el órgano persecutor
en la lucha contra la corrupción”.
Al dictar la conferencia en
el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana en el
Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, de Santiago ubicado en la
esquina que forman las avenidas Batalla de Las Carreras y República de Francia.
Expuso “la seguridad
jurídica, sin duda, impone deberes a los poderes públicos, pues esta constituye
un valor instrumental para garantizar la libertad, igualdad, crea un clima
social que propicie la libre empresa y la inversión extranjera”.
Afirmó que el aseguramiento
de la seguridad jurídica requiere así de una persecución penal racional y
conforme a Derecho.
“La seguridad jurídica exige,
además, contar con un sistema judicial independiente, en el que no existan
injerencias e intromisiones de ningún tipo”, dijo durante su participación en
la actividad.
La máxima representante del
Ministerio Público resaltó que los actores del sistema, en particular fiscales,
deben acatar el derecho imperativo y dejar de lado las soluciones populistas,
sin que ello implique ignorar las legítimas pretensiones de la ciudadanía.
“El reto que tiene ante sí el
Ministerio Público es procurar justicia conforme a Derecho, consciente de los
reclamos de la sociedad, pero sin dejarse arrastrar por la arbitrariedad o el
abuso de poder”, apuntó.
Favoreció que el fiscal
escuche lo que gritan desde las gradas, pero dijo que debe tomar una distancia
prudente, para ejercer la acción penal de manera cuidadosa y respetando las
garantías del debido proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener
resultados cónsonos con los valores del Estado de Derecho.
Resaltó que bajo su gestión
se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir los grandes y no
tan grandes casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio
público, siempre en estricto apego del debido proceso.
“Dado que entonces se cuenta
con medios limitados y que resulta imposible para cualquier sistema penal
perseguir todos y cada uno de los crímenes, debemos enfocarnos en perseguir las
conductas ilícitas más graves, es decir, aquellas que verdaderamente socavan
los valores comunes y afectan bienes jurídicos preponderantes, como son el
crimen organizado, los delitos financieros y la corrupción administrativa”,
sostuvo.
La magistrada Miriam Germán
Brito destacó que tradicionalmente, en el país no se han hecho esfuerzos
notorios para combatir este delito, por lo que se justifica el clamor social de
“cero impunidad” cuando el erario ha sido comprometido en detrimento del
desarrollo humano.
Al mismo tiempo que dijo
“quiero enfatizar que esta lucha sí es prioridad de esta gestión”.
“He repetido en varias
ocasiones que habrá consecuencias, más no en violación del debido proceso y las
garantías constitucionales de las personas investigadas”, precisó.
Dijo cometer actos de corrupción
no suele asentarse en un único territorio, pudiendo generar una
transnacionalidad que impone el deber a los diferentes Estados de actuar en
forma coordinada e inteligente.
“Adquieren relevancia la
cooperación y asistencia internacionales”, especificó.
Refirió que hace falta,
además, sacar un mayor provecho a los mecanismos de negociación que se han
otorgado desde que se implementó el sistema penal acusatorio, a fin de recabar
información para identificar los activos ilícitos susceptibles de ser confiscados
(modificando el enfoque, haciendo uso adecuado para prevenir el
comportamiento).
“Aquí entran las figuras del
comiso y extinción de dominio, vitales a la hora de capturar el dinero
malversado, sobre la base de una propiedad que carece, en principio, de
protección constitucional”, declaró.
“Aprovecho la ocasión para
destacar que, como procuradora general, he procurado intervenir lo menos
posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin
importar a quienes involucren”.
Señala bajo mi gestión, “el
margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las
consecuencias que sus acciones puedan tener”, manifestó la magistrada Germán
Brito.
“En todo caso, ha sido más
prioritario generar un clima de apego a las normas éticas y disciplinarias que
gobiernan la función, apostando por un rol de fiscalización moderado a través
de instrucciones generales y requerimientos de informes de actuación”, agregó.
Expresó que es menester
establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales, y, más importante
aún, mostrar un alto grado de probabilidad de condena de las conductas
corruptas. “Partimos de la concepción de que una respuesta eficiente del
aparato de justicia penal puede contribuir a una mayor conformidad a las
normas”, dijo.
En su ponencia ante la Cámara
Americana de Comercio, la procuradora general sostuvo que “una sociedad en la
que existen controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada,
reciba las consecuencias esperadas es una donde puede decirse que hay seguridad
jurídica, concepto que exige que la ley sea estable en el tiempo y que los
actores económicos puedan hacer predicciones seguras sobre su accionar”.
“Aspiramos, pues, a
contribuir significativamente con las condiciones institucionales que permitan
garantizar la seguridad jurídica que la sociedad dominicana espera, sin
sucumbir a los cantos de sirena del populismo penal que nos pueden llevar a
transitar caminos de abusos y maltratos”, concluyó.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio