El CPJ reporta canceló siete jueces por alegados actos de indisciplina, corrupción y mantiene suspendidos a otros.
En el caso del juez Juan Miguel Pérez Gómez fue desvinculado en el año 2022 cuando prestaba servicios en Valverde. Este medio trató de constar la veracidad de la información, pero inútiles fueron los esfuerzos.
Al órgano
judicial ingresaron desde el 2019 a enero 2023 la cantidad de 2 mil 214
denuncias; de ellas, 561 en contra de jueces por alegada corrupción. Algunos
estaban siendo investigados desde el año 2022.
Por Marcelo Peralta.
Santiago, R.D.- El Consejo
del Poder Judicial ordenó la destitución de siete jueces por alegados actos de indisciplina, corrupción y mantiene
suspendidos a otros, medida que sale a recudir este martes.
Informes
de la Inspectoría General adscrita al Consejo del Poder Judicial detalla las
desvinculaciones obedece fueron hallados culpables de acusaciones graves que se
les formularon en su contra.
El CPJ cita a los
desvinculados a Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, Gregorio Antonio Rivas
Espaillat, a Juan Miguel Pérez Gómez; mientras ha sido suspendido de funciones
el juez Francisco Rodríguez Consoró.
En tanto por juicios
disciplinarios sacados del sistema judicial los jueces Manuel del Socorro Pérez
García, Saulo Ysabel Díaz y Robert Antonio de Aza Batista.
Se detalla que sobre estos procedimientos
de destituciones de jueces, Jacinto Castillo Moronta, Inspector general
del Consejo del Poder Judicial, aseguró que hasta con “indicios muy mínimos” de
actos que impliquen carácter penal, los casos son remitidos al Ministerio
Público.
“Nosotros pasamos los casos al
Ministerio Público, que hagan o no hagan, no sé. Nosotros se los pasamos”,
afirmó, al tiempo de enfatizar que el ámbito de la Inspectoría es únicamente
disciplinaria, no penal.
No obstante, aclara Castillo
Moronta aclara que la mayoría de las denuncias no prosperan por estar
vinculadas a los fallos judiciales y “eso debe conocerse en otra jurisdicción”.
Recuerda en el 2021, a la
sazón, fueron cancelados los jueces: Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, de
la Instrucción del Distrito Judicial en la provincia Monseñor Alejandro Nouel;
Yohan Carlos Morales Peguero, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito
Judicial de La Altagracia y Gregorio Antonio Rivas
Espaillat, de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.
A Soriano Cisnero, la
Inspectoría General le atribuyó incurrir en faltas graves en el ejercicio de
sus funciones, al valerse de su investidura para cometer acciones que pusieron
en tela de juicio la imagen, credibilidad y buen nombre del Poder Judicial.
La sentencia establece que
recibió directamente o por otras personas, gratificaciones, dádivas, obsequios,
comisiones, recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura.
Morales Peguero fue acusado
de cometer una falta disciplinaria grave relativa a su conducta en el ámbito
laboral y el manejo de sus influencias jerárquicas para propiciar y conminar a
relaciones íntimas o sentimentales con una empleada del tribunal al que
pertenecía.
Se dispuso, además de su
cancelación, la inhabilitación para prestar servicios al Estado durante los
cinco años siguientes.
Mientras Rivas Espaillat fue
a juicio disciplinario acusado de realizar gestiones de procesos judiciales,
extrajudiciales; exhibir en la vida privada una conducta que afectaba la
respetabilidad de la función judicial al emitir cheques sin fondos y de incumplir
con la declaración jurada de bienes.
Respecto a la desvinculación
de Juan Miguel Pérez Gómez, al momento de ser tomada esta decisión, juez de la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia
presidente José Desiderio Valverde en su municipio cabecera Santa Cruz de Mao,
se detalla que fue por alegadas irregularidades en la instrucción de procesos
de divorcio, aceptar, recibir, directa de otras personas, comisiones en dinero,
especie, gratificaciones, recompensas y pago de servicios inherentes al cargo
que desempeña.
Francisco Rodríguez Consoró
suspendido
Actualmente está suspendido
el juez del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Francisco Rodríguez Consoró por
alegadas faltas graves en sus funciones.
Su sentencia de no ha lugar a
favor de acusados de desfalcar al Estado con la venta ilegal de cuatro millones
de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos, es una, “entre otras”, de
las causas por las que se le investiga.
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