Posesionado Luis Henry Molina Peña nuevo presidente del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.
Molina Peña, además depresidentge der la SCJ, ostenta la presidencia pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe; además y del Consejo del Poder Judicial dominicano.
Por Marcelo
Peralta
Santiago,
R.D.-El nuevo presidente del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, magistrado
Henry Molina Peña se comprometió a trabajar de forma incansable con países para
lograr objetivos comunes y avanzar en el camino hacia una justicia más
eficiente, confiable, abierta, digital, accesible, poniendo atención a las
personas vulnerables.
Molina
Peña, asumió el martes 13 de junio la presidencia pro
tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe; además, es
presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial
dominicano.
El
traspaso se produjo de parte de la magistrada Maite Oronoz Rodríguez,
presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tras el acto de inauguración aquí
en República Dominicana al efectuarse la reunión ordinaria del CJCC donde participaron
presidentes y presidentas de las Cortes Supremas de Justicia de los países
miembros del Consejo.
El
magistrado presidente de la SCJ manifestó que para él constituye un honor, privilegio
de asumir la nueva responsabilidad que servirá para fortalecer y continuar el
trabajo invaluable realizado por la anterior presidenta del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, quien ostentó la presidencia pro tempore del CJCC desde el 15 de
junio de 2022 hasta la fecha.
“Agradezco
profundamente la confianza depositada en el Poder Judicial de la República
Dominicana para asumir este rol. Y aseguró poner empeño y determinación en
llevar adelante la misión de fortalecer la independencia judicial y promover el
impulso de los sistemas de carrera judicial y del Estado de Derecho”, subrayó
el juez presidente dominicano.
Destacó
que el CJCC es un relevante órgano del Sistema de Integración Judicial
Centroamericana que establece canales permanentes para coordinar y adoptar
políticas en materia de aplicación judicial y para la seguridad jurídica entre
los distintos poderes judiciales de los países que integran la comunidad.
Agregó
“pondremos gran esfuerzo en la extensión regional de la meta que nos compromete
desde el primer día ante el Poder Judicial dominicano: lograr una justicia al
día para garantizar la dignidad de las personas”.
El
magistrado Luis Henry Molina concluyó que continuará trabajando para aprovechar
las herramientas y adaptar la justicia a los desafíos y demandas de la sociedad
de hoy en beneficio de los sistemas judiciales de la región.
De su
lado, en un informe preliminar de su gestión que rindió ante el CJCC, la
magistrada Maite Oronoz Rodríguez dijo que, al asumir la presidencia pro
tempore para el período 2022-2023, el Poder Judicial de Puerto Rico reconoció
el privilegio y la responsabilidad que esto conlleva, “por lo que hemos
ejercido esta representación con sensibilidad, compromiso y
transparencia”.
A la
reunión del CJCC asistieron representantes de los Poderes Judiciales de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico, países
que junto a la República Dominicana pertenecen a dicho Consejo Judicial.
En el
encuentro fungieron como observadores representantes de las Cortes Supremas de
Cuba y México; representación del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA).
Los
grupos de trabajo de cada país presentaron sus informes de las labores
desarrolladas en este período y los sometieron a la aprobación de los
presidentes y presidentas de Poderes Judiciales, sobre temas como combate al
delito del narcotráfico, lavados de activos, justicia restaurativa, justicia al
día, avances tecnológicos, cooperación judicial, justicia oportuna, estado de
derecho, seguridad jurídica.
A través
de este espacio, los países miembros pueden enfrentar desafíos y trabajar
juntos para mejorar la calidad de la justicia, fortalecer la transparencia y
promover la eficiencia de los sistemas judiciales.
El CJCC
es un órgano regional que promueve e integra políticas en materia de
administración de justicia y seguridad jurídica entre poderes judiciales de los
países miembros, mediante el establecimiento de canales permanentes de diálogo
y coordinación para la adopción de diversos compromisos institucionales.
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