Ley de salarios y los haitianos

Luis Céspedes Peña

La Ley General de Salarios para el Sector Público, promovida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), es una de las legislaciones más justas del país en las últimas décadas, en virtud de que está dirigida a resolver muchos abusos de funcionarios de los gobiernos, los cuales nombran a personas en puestos del Estado y  les ponen  sueltos de acuerdo a la simpatía de cada quien.

Fácilmente usted se encuentra con personas en la administración pública que mueven papeles de un lugar a otro o que  son amigas del ministro o director nacional de un determinado organismo del Estado, que cobran  salarios tres veces mayores que el encargado de una dirección o departamento de un determinado Ministerio.

    

Hasta hoy, el salario de un empleado o empleada depende de cuál es la relación con el ministro o director nacional de una institución del Estado. 

    

Esa misma Ley de Salarios también contribuirá a ahorrarle millones de pesos al Estado todos los meses, los cuales son usados a través de un mal llamado gasto de representación, lo que permite que muchas gestiones personas sean cubiertas a favor de funcionarios con dinero del pueblo.

    

El ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, que hoy tiene más enemigos “grandes” en el gobierno que en la oposición, merece ser reconocido por esa bella obra. Nunca entendí por qué hay que pagarle a un funcionario 2, 000 y 2, 500 pesos para un almuerzo, sin incluir el de los demás, independientemente que el  lugar donde visita cubra esos gastos. Esos gastos y otros, se pagan a través de una tarjeta de crédito del gobierno. ¡Es un buen negocio!

    

A ese dinero también se le agrega otro extra para combustibles, a parte del que le echa en la institución y el costo de un hotel, si amanece fuera de la ciudad. ¡Es así, aunque no lo crea! Todavía hay funcionarios que seguirán disfrutando de grandes gastos de representaciones, según la Ley, aunque ya se le puso un fin.

    

Fue por la resistencia de esos funcionarios que el  proyecto de Ley tuvo tantos tropiezos para ser aprobarlo. 

    

Es innegable que para llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza, hay que  ser una persona de un amplio sentido revolucionario, pensante y comprometido con las causas más justas de un pueblo. Los ministros y demás funcionarios recibirán un justo salario, pero tendrán que usarlo para cubrir parte de sus gastos personales, aunque la totalidad de ellos preferiría seguir con los mismos sueldos ¡Ya no habrá gasto de representación!

    

Tenemos el deber de felicitar los esfuerzos de Ventura Camejo y de la sociedad civil, los cuales lograron imponer un sano criterio de administración pública.

   

 Y, en el caso del boicot del Gobierno de Haití  productos dominicanos usados para el intercambio comercial, entendemos que las autoridades nacionales están demostrando muy poca habilidad para imponerle una drástica sanción a ese régimen.

    

Se trata de un gobierno que por la mínima cosa sienta a la República Dominicana en el banquillo internacional  de los acusados. A Haití hay que responderle como Estado. Las autoridades haitianas actúan sin ningún principio en contra de la República Dominicana.

    

Entonces, ¿Por qué tenemos que aceptarle todas sus imposiciones? ¡Sólo porque esa nación es usada por grandes potencias para agredir al país! Así no. Detrás de esa postura haitiana hay sectores económicos extranjeros que quieren tener al vecino país como su mercado especial.

    

¡Es por ahí que andan las cosas! En Haití hay grandes empresarios que negocian con representantes de potencias económicas. Hacen todo lo que esté a su alcance para obstaculizar el intercambio comercial entre comerciantes haitianos y dominicanos.

    

Usted puede estar seguro de que si  la acción de suspender el intercambio comercial  de productos dominicanos lo hubiese hecho la República Dominicana, ya estaría sentada como acusada en el tribunal internacional. Pienso que el país tiene una pobre defensa en materia de política exterior. 

    

El gobierno haitiano no agradece que este país le tiene casi tres millones de sus ciudadanos gastando recursos propiedad de los dominicanos, ni le da importancia que el Estado ayude al de ellos a resolver problemas esenciales, como es el caso de la educación. ¡Ellos son haitianos y actúan como tales! 

¡Gracias por leernos!