Condenan cabecillas de red de tráfico de migrantes y extorsionadores
Operación Iguana
desmantela red criminal que operaba en Independencia en que confiscó evidencia,
7 vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, 116 mil pesos, 383
dólares, 1 pistola calibre 9 milímetros.
Independencia,
R.D.-Integrantes de un grupo de mafiosos condenados a 10 y 15 años de prisión
por tráfico humano y otros delitos afectando a poblaciones vulnerables.
El Tribunal Colegiado de
Jimaní sentenció a Roberto Méndez Pérez y Johan Rosario Castillo a 10 años
de prisión; Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo
Volquez Guzmán a 15 años.
Pagar 150 salarios mínimos,
un esfuerzo por disuadir futuras actividades delictivas.
El tribunal dictó sentencia
absolutoria para Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán, destacando la importancia
de un debido proceso en el sistema judicial.
El grupo fue acusado de
múltiples violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y
Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, otras normativas con crímenes
tecnológicos y protección infantil.
Esta condena resalta la
importancia de una respuesta judicial robusta ante delitos que afectan
especialmente a mujeres, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
En las investigaciones
actuaron fiscales, Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, de las
procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Personas; Persecución de la Corrupción Administrativa presentaron evidencias contundentes
acogidas por jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y
Freidy Hernández White para evacuar la sentencia.
La Operación Iguana, liderada
por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, se llevó a cabo en
2022, involucrando nueve allanamientos simultáneos en los municipios de las
provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
La investigación penal, que
comenzó en diciembre de 2021, reveló la conexión de estos individuos con el
tráfico ilícito agravado de migrantes y el secuestro de cuatro personas, dos de
ellas de nacionalidad cubana.
Utilizaban métodos violentos,
chantajes y amenazas, para obtener sobornos, privando a las víctimas de su
libertad hasta recibir el pago correspondiente.
Estos actos no solo son
delitos graves, exponen la fragilidad de las poblaciones que buscan una vida
mejor.
El Ministerio Público, a
través de un comunicado, enfatizó que esta sanción es un paso fundamental en la
lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, buscando crear conciencia sobre
la gravedad de estos delitos y la necesidad de proteger a los más vulnerables.
La condena de los líderes de
la red de tráfico de migrantes marca un precedente en la justicia dominicana,
refuerza el compromiso del país en la defensa de derechos humanos y la
seguridad de sus ciudadanos.
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