Un grave error del gobierno.*El Mirador*

Por Luís Céspedes Peña-
El envío de parte del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional del Proyecto de Presupuesto para el año 2014, sin incluir las partidas para los reajustes salariales en el Estado, en un momento en que se estaba desarrollando una paralización de labores en los hospitales públicos demandando esa reivindicación, es un terrible error de las autoridades, en virtud de que la acción se entendió como una medición de fuerzas.

Sin importar lo que alegue el gobierno, cualquier medida que tienda a cumplir con ese compromiso a favor de los médicos, enfermeras y todos los demás servidores del Estado, que estaban esperanzados en que el régimen del presidente Danilo Medina enviara al Congreso el Proyecto de Presupuesto con las partidas y poner en ejecución la Ley General de Salarios marcada con el 105-13, ya será considerado como una derrota para el oficialismo.

Los gobernantes saben que las medidas de austeridad son muy dolorosas para los sectores de menores ingresos, los cuales son afectados por la reducción en la adquisición de productos. 

Pero la situación es más grave, debido a que el dólar y el euro también se dispararon de precios, lo que se convirtió en un incremento en los costos de lis alimentos, vestimentas, medicinas, la construcción u otros servicios.

En los actuales momentos eso no debió haber ocurrido, debido a la alta calificación que tiene en materia de popularidad el Presidente Medina. Lamentablemente, esa acción tendrá un alto costo para el porvenir político del jefe de Estado.

Los estrategas del gobierno saben que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los asuntos no están lo suficientemente buenos para que se comentan decisiones como la de enviar al Congreso el Proyecto de Presupuesto, desconociendo una Ley, como la 105-13, que fue consensuada por todos los sectores nacionales a favor de los empleados públicos.

Esta actitud agrava la situación interna del PLD, debido a que la mayoría de los empleados públicos pertenecen a esa organización política y aliados. Es importante aclarar que el espíritu de esa legislación no fue la de favorecer a los servidores públicos oficiales o semi-oficialistas, sino a todo el conglomerado del Estado, sin importar ideología política, religiosa o de la índole que sea.

El gobierno no debe facilitar ningún medio que conduzca al logro de una huelga general, que es el propósito de la oposición, la cual-como es normal-debe alimentarse de los errores del gobierno. ¡Esa es una de sus características!
Pero con policías, militares y empleados civiles disgustados con el gobierno, ¿qué otra cosa puede esperarse? ¡Que no se alíen a los organizadores de las protestas! Eso sería lo más estúpido para un pensador.

La Ley General de Salarios, una valiosísima obra del Ministerio de Administración Pública (MAP), bajo la dirección del licenciado Ramón Ventura Camejo, debió haber sido una "carta de triunfo del gobierno del PLD" para venideros comicios, pero-parece-que los intereses personales de algunos ministros que no aceptan ser despojados de los millones de pesos que facilitan las tarjetas de créditos u otros gastos irregulares en las instituciones del Estado, se están imponiendo a una sana administración pública.

¿Qué diría Juan Bosch de esto si estuviera vivo?
-¡Gracias por leernos!