Inaceptable chapucería.

Por Marcelo Peralta

A Juan Paulino Rodríguez y a quien suscribe solo nos une la amistad que cultivamos cuando jugábamos béisbol juvenil y ahora que lo quieren embaucar vengo en su defensa por ser un hombre trabajador, deportista, serio, ciudadano ejemplar y excelente padre de familia.

El trabajo hecho por la Fiscalía  y la jueza que impuso una garantía económica de 25 millones de pesos en efectivo a Rodríguez, quizás presionada por militares ha sido sin técnica, sin cuidado y deficiente que debe ser materia de investigación por las altas instancias de la Procuraduría, la Suprema Corte de justicia y el Ministerio de Defensa para que se aclare esta chapucería.  

No hay nada más vergonzante, asqueante, repugnante y nauseante que en un pueblo, cual que fuere, algunas autoridades cobijándose en el poder que poseen se embriagan y cometen injusticias.

Con esos tipos de accionar, la población protesta, exige, reclama impotente ya que donde hay autoridades débiles, sería como lanzar voces en el desierto de Sahara.

La situación que implica al ganadero Juan Paulino Rodríguez por el abuso por dos guardias que se montaron inconsulta en la parte trasera del camión que conducía y uno de ellos se cayó sufriendo golpes y heridas y el segundo se lanzó a rescatarlo, hoy tiene que enfrentar a la Justicia y al Ejército de la República Dominicana.

Como se trata de dos soldados irresponsables,  mentirosos, que presionados por algunos de sus superiores buscan que este honorable y trabajador se cometa injusticia, como parece que están acostumbrados a hacer maniobras para hacerle daños a hombres de laboriosos, por el simple pecado de tener un hijo lanzador en las Grandes Ligas y de Las Águilas del Cibao al que aplicaron una garantía económica de 25 millones de pesos en efectivos para salir de prisión.

A la carencia de sensibilidad humana de algunas autoridades judiciales y militares, que embriagadas de poder actúan contra ciudadanos honorables, trabajadores, se burlan de ellos, los humillan, atropellan aplicando sanciones a niveles mínimamente inaceptables.

Hay autoridades que por su pobreza humana e insensible a su personalidad y sus funciones habituales, no pueden ofrecer una respuesta convincente a su errónea forma de deliberar sobre un hecho, y ¨eso amerita una profunda revisión, investigación y sanción¨, porque se viciaron en su decisión.

Cuando de tomar acciones contra determinado ser humano se deben agotar todos los medios disponibles, escuchar todas las partes, ir a los ligares de los hechos, reunir los elementos básicos, sentarse con la cabeza fría para poder liberar con justicia, para luego no tener que rectificar y llevar cargo de conciencia.

Es evidente que los dos guardias están hablando mentiras de cómo ocurrieron los hechos, porque dentro del camión apareció el celular de uno de los soldados y la cacha de uno de los fusiles y la Fiscalía y la Magistrada que impuso 25 millones de pesos en efectivos como garantía económica para ponerlo en libertad.

Son pruebas que el abogado del ganadero Juan Paulino Rodríguez, licenciado Víctor Gómez apoderó de esos elementos a la Fiscalía que no quiso investigar sino enviarlo a la cárcel y la jueza que actuó con ligereza y no con justeza e impuso la sanción económica.

El Ministerio de Las Fuerzas Armadas, el Procurador General de la República, la Suprema Corte de Justicia tienen la obligación de investigar si quieren obrar con justicia ante la sociedad y las leyes de Dios.

Ahora quieren sancionar a la jueza de Instrucción la magistrada Claudia Díaz Canaán por actuar apegada a la Ley, sino por burda mentiras del Director General de Migración, abogado José Ricardo Taveras Blanco que se apresuró a emitir juicios.

Que se haga justicia, pero con transparencia.