Wilson Camacho afirma cantidad, calidad y fortaleza evidencias del Caso Pulpo.
El titular de la Pepca resaltó que “este Ministerio Público es un guardián del debido proceso”
Santiago, R.D.-El Procurador Adjunto,
Wilson Camacho destacó la fortaleza del expediente presentado por el Ministerio
Público contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás involucrados en el
expediente por corrupción administrativa del Caso Pulpo.
Juan Alexis Medina Sánchez y
otras 27 personas físicas y 21 compañía son imputadas en un extenso expediente
por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
Además de Medina Sánchez, el
caso se sigue contra los coimputados Fernando Rosa, quien dirigió el Fondo
Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Bernabé Méndez Pineda y
de José Dolores Santana Carmona, así como de Fernando Rosa, quien dirigió el
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).Todos cumplen prisión
preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San
Cristóbal.
En el caso también está
involucrada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos
familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del
entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan
Alexis Medina Sánchez.
También, Francisco Pagán
Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de
esa unidad estatal.
La acusación del caso
presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la
Pepca también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo
Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael
Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público
presentó cargos, contra las personas jurídicas General Supply Corporation
S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus
Electrical S.R.L., entre otras.
“La situación concreta sobre este proceso, es que la defensa ha venido una vez más al tribunal a pedir más tiempo, y esto es la consecuencia de que la cantidad y la calidad de las evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este proceso tienen la fortaleza de un huracán categoría cinco”, enfatizó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Explicó que esto obliga a las
defensas a ser reiterativas con relación al tiempo. “Incluso, le hemos dicho al
tribunal que en algunos casos no nos hemos opuesto a que les den el tiempo por
estas razones, sobre todo, porque el tiempo no va a variar esta realidad de la
contundencia de esta acusación”, subrayó.
Camacho se refirió al tema al
responder preguntas de la prensa, luego de que el juez Deiby Timoteo Peguero,
del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidiera aplazar
la audiencia preliminar del caso para el próximo 16 de mayo, a las 9:00 de la
mañana, por la ausencia en las primeras horas de dos abogados de las defensas y
de los imputados Paola Molina y Carlos Montes de Oca.
Ambos imputados se
presentaron al tribunal horas después de haber iniciado el proceso y luego de
que fueran dictadas en su contra órdenes de conducencia.
Wilson Camacho detalló que el
Ministerio Público solicitó al tribunal declarar la rebeldía a esas dos
personas que habían sido citadas y no habían comparecido. “Estas personas una
vez se declararon rebeldes comparecieron y el tribunal ordenó notificarles las
piezas del proceso y deben estar presentes en una próxima audiencia”.
Destacó que el Ministerio
Público ha sido diligente con todas las defensas que han solicitado
informaciones. “Las hemos entregado, y la hemos entregado a tiempo”, dijo.
Reiteró que “este Ministerio
Público es un guardián del debido proceso y así lo estamos haciendo”, al tiempo
de destacar que “la contundencia de esta acusación es un hecho innegable”.
Con el aplazamiento, se anuló
el calendario anterior de audiencias, por lo que el magistrado Peguero ahora
deberá realizar una nueva programación.
El Ministerio Público acusa a
Juan Alexis Medina Sánchez de formar parte de un entramado de corrupción que
estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes,
aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República,
Danilo Medina Sánchez.
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