Condenan cierre situación política en Perú

República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Ecuador, los países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), lamentaron la grave situación en Perú y la medida presidencial de disolución del Congreso violentando orden constitucional y legal en el país suramericano.

En un pronunciamiento divulgado por la Cancillería panameña, el grupo de países integrantes de este foro «lamentan profundamente» la decisión tomada por el ahora destituido expresidente peruano Pedro Castillo de cerrar el parlamento, «una de instituciones esenciales de su democracia, violentando así el orden constitucional y legal de ese país».

La Alianza, una iniciativa conformada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana para abordar conjuntamente asuntos económicos, migratorios y políticos, destacó la «inmediata acción» del Congreso peruano para restablecer el orden constitucional y juramentar a la nueva presidenta, Dina Boluarte, a quien desearon «éxito en sus esfuerzos por alcanzar un gobierno de unidad».

Los miembros de la ADD igual reiteran su «apoyo a las instituciones democráticas establecidas constitucionalmente en el Perú y al diálogo político para que el pueblo peruano encuentre una solución duradera y efectiva a la crisis política que le afecta en estos momentos».

«La democracia se caracteriza por el equilibrio de poderes y el diálogo constante entre los principales actores políticos, por lo que el Estado de Derecho y las garantías constitucionales deben imperar siempre ante cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad y la paz social de sus ciudadanos», remarcó en su pronunciamiento la ADD.

La nueva presidenta Boluarte juró el miércoles ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú, en sustitución de Pedro Castillo, destituido por el Parlamento peruano acusado de dar un golpe de Estado.

Castillo fue arrestado después de haber sido destituido tras intentar disolver el Legislativo y convocar un proceso constituyente para evitar un juicio político en su contra.

Luego de su arresto fue llevado a un penal de Lima, donde un juez supremo dictó este jueves siete días de prisión provisional al exgobernante.

El gesto de Castillo fue tachado de golpe de Estado por miembros de su propio Gobierno y fue rechazado por las Fuerzas Armadas y la Policía.