Ocupan armas en allanamientos en Santiago y Santo Domingo.
Durante
los operativos, las autoridades detuvieron a 70 personas para entrevistarlas
respecto al funcionamiento de la compañía ilegal de seguridad.
En
un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que persigue al gerente
general de la compañía, el señor Nelson Rafael Mejía Ovalles, un ex oficial
dado de baja del Ejército de República Dominicana en 1993, quien se encuentra
prófugo.
Explicó
respecto a las armas, que en total fueron ocupados 34 escopetas, 50 pistolas y
siete revólveres, así como una cantidad indeterminada de municiones de
diferentes calibres, un juego para azar, de armas de fuego
y un carro Hyundai propiedad de la empresa, los cuales se encuentran en poder
del Ministerio Público.
La
institución precisó que procedieron a la incautación de las armas y municiones
en virtud de que la compañía no contaba con licencia para operar, además de que
las armas no tenían ningún tipo de documentación, las marcas eran ilegibles,
retroqueladas o clonadas.
Durante
la investigación se estableció que dicha empresa está relacionada a una
compañía propiedad de una persona condenada por narcotráfico, como lo es el ex
coronel Fernández Valerio, sentenciado a 20 años de prisión por violación a la
Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El
Ministerio Público destacó que esta acción es el resultado de las estrategias
implementadas en el marco del plan de trabajo institucional puesto en marcha
por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para enfrentar con
efectividad el tráfico ilegal de armas de fuego y tener mayor control de las
compañías de seguridad privada que operan sin permiso, siendo esta la treceava
entidad de este sector que es intervenida desde el pasado año por actividades
ilegales.
Dijo
que esa operación se realizó como parte de los trabajos que realizan en
coordinación con diversas instituciones para la prevención del crimen y los
delitos, ya que en la medida que se controla el negocio ilegal de las armas de
fuego, en ese mismo sentido se puede controlar y prevenir con mayor efectividad
la delincuencia y los demás actos delictivos.
La
Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la
magistrada Maura Martínez, detalló que la operación fue realizada mediante la
orden judicial No. 0058-JUNIO-2018, emitida el pasado 26 de junio de 2018 por
la coordinación de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que
fuera aplicada en la oficina principal de dicha empresa que funciona en la
capital y en todos sus centros de servicios que funcionan en las referidas
localidades.
Señaló
que esta actividad ilegal constituye una violación a los artículos 3, 45, 46,
48, 50, 51, 66, 67 y 70 de la Ley No. 631 sobre Armas, Municiones y Materiales
Relacionados y la Ley 34-89 sobre Aduanas.
El
comunicado destaca que miembros del Ministerio Público adscrito a la
Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas junto a fiscales
del Distrito Nacional llevaron a cabo la operación, cuya labor de inteligencia
fue realizada por el J-2 de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor
Conjunto del Ministerio de Defensa, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila
(CIUTRAN), miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía
(DICRIM), la Policía Preventiva y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.
Se
destaca que la Procuraduría Especializada en Control y Tráfico de Armas en una
acción conjunta con la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de
Defensa, ha investigado y sometido a la justicia a 12 empresas de seguridad
privada, y en dos de los casos ya se han obtenido sentencias definitivas.
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