UNA JUSTA DECISIÓN
Editorial invitado
El Tribunal Constitucional acaba de tomar una justa decisión al anular siete artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, considerado por el Colegio Dominicano de Periodistas como atentado en contra de la libertad de prensa.
El Tribunal Constitucional acaba de tomar una justa decisión al anular siete artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, considerado por el Colegio Dominicano de Periodistas como atentado en contra de la libertad de prensa.
A ese rechazo se habían unido la Sociedad de Diarios y otros organismos ligados al periodismo dominicano, que veían en dichos artículos un intento de amordazar la prensa del país y coartarle al ciudadano común el derecho a estar bien informado.
La medida tomada por dicho Tribunal es una ratificación del derecho de los periodistas criollos a informar sin favor ni temor, a lo que se oponen solapadamente sectores retardatarios de la jungla dominicana, opuestos al ejercicio libre y sin censura a que tenemos derecho.
Se ha dicho y es verdad que la decisión del alto Tribunal tiene carácter histórico, pues consolida las garantías consignadas en la Constitución de la República y acorde con lo que establece la Convención de los Derechos Humanos.
Pero hay otros artículos atentatorios a la libre información,
como son los 368, 369, 370, 371 y 372, pues también esos atentan contra la
libertad de expresión y que dicho Tribunal también debe eliminar.
Los eliminados y los que ahora señalamos, pendían y todavía penden como un sable sobre el pescuezo de los periodistas criollos, a punto de caer sobre sus cabezas y sepultar uno de los derechos que la prensa responsable, seria y que no se vende, había conquistado muchas veces vertiendo su sangre.
Los ejemplos de los inmolados están ahí con los casos de Orlando Martínez, Gregorio García Castro, Narcizo González y otros que han caído en el camino, víctimas de los sectores de la caverna dominicana que ya se frotaban las manos con la puesta en vigencia de los Artículos, esperando ponerlos en práctica.
Lo ha hecho bien el Tribunal Constitucional, cuyos miembros saben los aportes de la mayoría de la prensa dominicana, dispuesta siempre a informar sin cortapisas lo que tiene derecho a saber el pueblo dominicano.
Ramón
De Luna.
22 de febrero, 2016
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