miércoles, 22 de marzo de 2017

Detengamos esos crímenes.

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Por Marcelo Peralta.

República Dominicana está compelida a frenar los abusos y crímenes de empresarios y políticos a los recursos naturales.

Hoy 22 de marzo del 2017 es el “Día del Agua”, recurso indispensable para la vida humana y animal.

Los gobiernos que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años muy poca cosa han hecho para detener la tala indiscriminada de bosques y extracción de materiales para construir.

Cada día, las venas acuíferas son destruidas por las monstruosidades maquinarias usadas en las extracciones de oro y otros metales en donde nacen ríos.

A estas y anteriores autoridades parece poco importar que acaben  con los bosques, y por ende con los ríos existentes en el país.

Los delitos ambientales deben ser castigados drásticamente, caiga quien caiga.

Hay empresarios, autoridades y políticos que nada les importa que los ríos se sequen.

Arrojan a los ríos aguas no tratadas, líquidos químicos, bioquímicos, objetos, desechos de cualquier naturaleza, en los cauces, en las riberas, acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques, capaces de contaminar y degradar el líquido.

No existente límites a establecerse en la Ley 64-00 del Ministerio de Medio Ambiente y menos sanciones contra los criminales de envenenar los ríos.

En los últimos 30 años ningún empresario ha caído preso por contaminar las aguas que usan millones de seres vivos.

La contaminación de las aguas es un crimen como otro cualquiera.

El que envenene y contamine las aguas de cualquier modo es un peligroso para la salud, la producción de alimentos y el medio ambiente.

Hay que detener ya la alteración del agua destinada al uso y consumo humano.

Contaminarla constituya delito que debe ser sancionado.

Las penas deben ser aumentadas cuando la conducta se realice con fines meramente comercial.

El que deposite, vierta y comercialice desechos industriales líquidos sólidos y gaseosos poniendo en peligro la vida humana no asimilable por el medio ambiente, sin cumplir las normas sanitarias y de protección debe sufrir penas con mayor rigurosidad.


Envenenar, contaminar y adulterar aguas destiladas al consumo público al uso industrial agropecuario y piscícola debe ser metido a la cárcel y castigado sin contemplaciones.

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