La regularización de extranjeros se encuentra dormida.

Santo Domingo, R.D.-Aunque ve con buenos ojos el Plan Nacional de Regularización, el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, su Eminencia Reverendísima, Monseñor Francisco Ozoria Acosta, cuestionó la lentitud con que se viene desarrollando.

“A su juicio, el tema actualmente está dormido”.

Precisó que el plan forma parte de una salida al tema migratorio por parte del gobierno, en el cual dijo que la Iglesia Católica jugó su rol.

“El proceso de regularización lo vemos bien, lo que no vemos bien es la lentitud con que se ha tratado. Vamos a esperar que eso progrese, porque el tema está dormido”, enfatizó al participar como invitado en el Diálogo Libre, del periódico Diario Libre.

Indicó que en nombre de la Conferencia del Episcopado Dominicano laboró por seis años en la comisión de pastoral haitiana desde donde dijo se trabajó mucho en la búsqueda de soluciones al problema migratorio.

Mientras el vicario general, sacerdote Abraham Apolinario, consideró que en torno a la regularización ha habido irresponsabilidad por parte del estado haitiano, pese a que la iniciativa es del gobierno dominicano.

Manifestó que de acuerdo con las cifras oficiales, se debía regularizar unos 400 mil extranjeros, lo cual entiende conlleva muchos recursos.

“Regularizar esa cantidad de personas no se hace con dos centavos, ni se hace con un centro colocado en el Huacal, porque sólo movilizar a esas personas eso ya sería un gasto”, aseguró.

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) fue iniciado por el gobierno dominicano el pasado 2 de junio de 2014.

Estadísticas oficiales dan cuenta que 364 mil ciudadanos y ciudadanas de más de 100 naciones, especialmente de Haití, regularizarán su situación migratoria, a través de dicho plan.

En julio pasado, el gobierno dominicano extendió la vigencia de 155,477 permisos de personas que se inscribieron en el Plan de Regularización con su cédula o acta de nacimiento, y que presentaron documentos que demostraban su ingreso en el país antes del 19 de octubre de 2011.

La medida se adoptó por razones económicas y humanitarias, con el objetivo de seguir normalizando la situación de miles de extranjeros que residen en el país.