26 expresidentes de América Latina llaman a la OEA observar medidas presidente de Ecuador

Hipólito Mejía, expresidente de República Dominicana PRD-2000.2004.

Miami, Estados Unidos por EFE.- El expresidente dominicano Hipólito Mejía y otros 26 exjefes hispanoamericanos exigen a la Organización de Estados Americanos dar seguimiento de la decisión del Poder Ejecutivo ecuatoriano de suspender por 5 meses a la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad.

Los expresidentes instaron a la OEA a «ejercer las competencias que fija la Carta Democrática» son Mario Abdo (Paraguay), Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Osvaldo Hurtado (Ecuador) y Julio María Sanguinetti (Uruguay).

Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Guillermo Lasso (Ecuador), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Hipólito Mejía (República Dominicana), Carlos Mesa (Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá), lenin Moreno (Ecuador) Andrés Pastrana (Colombia), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Luis Guillermo Solís (Costa Rica) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

El pasado 9 de noviembre, el Ministerio de Trabajo de Ecuador sancionó con 150 días de suspensión, sin remuneración, a Abad, por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales», al considerar que no llegó desde Israel a Turquía en la fecha establecida por el Gobierno, en momentos en que se producía una escalada de tensión en Oriente Medio.

Medida desviación de poder

Los exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) califican de «desviación de poder» la decisión y precisan el único órgano que tiene poder para el «eventual enjuiciamiento político o penal» es la Asamblea Nacional.

Recuerda IDEA que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por «condena, por juez competente, en proceso penal», es contraria a la Convención.

Alteración constitucional

Precisan exjefes de Estado que la declaración no pretende implicar juicios de valor sobre las personas y llaman a que en Ecuador «no cristalicen situaciones que puedan afectar el ejercicio legítimo del poder».

Les preocupa la posibilidad de que ocurra una «alteración del orden constitucional que afecte gravemente al orden democrático» de Ecuador y la campaña electoral de comicios del venidero año 2025 donde buscará su reelección, conforme señala la Constitución.

La suspendida vicepresidenta pidió este miércoles a la Asamblea Nacional (Parlamento) que frene la actitud de hostigamiento político en su contra por parte del Gobierno de Noboa, que intenta anularla con fines electorales.