Procuradora Miriam Germán Brito va al Congreso a exigir mayor presupuesto.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo este martes que el Ministerio Público necesita un presupuesto mínimo de 10 mil 500 millones de pesos para el año 2022.

Expresó esta posición al visitar la comisión bilateral del Congreso que estudia el Proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos Públicos para el venidero año.

«Son de todos conocidas las precariedades que pasa” el órgano responsable de la política penal; de la persecución de crímenes y delitos” dijo.

La funcionaria judicial, agregó aunque hasta ahora hemos tenido apoyo en las extremas necesidades”, se hace necesario un incremento de los recursos asignados “con el objetivo de lograr un fortalecimiento institucional y la reestructuración del Ministerio Público”.

Expuso a los congresistas, junto a parte de su equipo técnico, los cuatro grandes ejes de su planificación estratégica.

Detalló que el tope presupuestario asignado por el Gobierno al Ministerio Público, tal como figura en el Sistema de Información de la Gestión Financiera, se establece en RD$8, 399, 310,777.

La razón por la que el órgano solicitó al Ministerio de Hacienda un incremento de RD$2,105,070,792, con lo que ascendería a 10,504,381,569.

Aunque la actual gestión entiende, sin embargo, las limitaciones que pudiera imponer la pandemia de la Cvid-19 a todos los países.

Promete hará esfuerzos, fortalecerá el Ministerio Público, planificación estratégica para 2022.

Explicó que se sustenta en cuatro ejes, que consisten en fortalecer la gestión institucional, desarrollar una efectiva persecución penal con altos estándares técnicos de calidad.

Habilitar la infraestructura física, tecnología de información, operaciones, servicios y optimizar el cumplimiento de las normativas legales del Ministerio Público, del Sistema Penitenciario y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En los aspectos administrativos, resaltó, pago del convenio de suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, del 22 de diciembre de 2020, seguimiento a los programas establecidos por la Ley número 133-11, Orgánica del Ministerio Público.

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