Tres policías puertorriqueños acusados de secuestrar y robar a un dominicano
Según
detallaron las autoridades en un comunicado, los acusados son Joaquín Torres
Cortina, de la unidad de Vehículos Hurtados San Juan; Raúl Rivero Ruíz,
adscrito al precinto de Hato Rey Oeste, y el policía municipal Gabriel Rivera
Pagán.
Los
detenidos fueron delatados por otros dos compañeros: un recién graduado y su
mentor, por unos hechos que tuvieron lugar el pasado 7 de abril y está previsto
que comparezcan por primera vez ante la jueza Alfrida Tomey el próximo 23 de
abril.
En una
conferencia de prensa conjunta, el jefe de la Fiscalía local, José Capó; el
comisionado de la Guardia Municipal de San Juan, Guillermo Calixto; y el
superintendente de la Policía, José Caldero, ofrecieron detalles sobre el caso.
"Presuntamente,
estos agentes intervinieron con un ciudadano de nacionalidad dominicana en la
madrugada del pasado 7 de abril", explicó Caldero.
Según la
investigación de agentes del Negociado de Asuntos Internos de la Policía de
Puerto Rico, "los agentes se apropiaron de bienes como dinero en efectivo
y un teléfono celular y además secuestraron al ciudadano".
Al detener al afectado, presuntamente los agentes se apropiaron de mil
dólares en el baúl del auto y de su celular, luego le trasladaron en la
patrulla a otra zona de la ciudad y allí le abandonaron, según detalló la
investigación.
"Estos
agentes no representan el compromiso que tienen los agentes de la Policía con
el pueblo de Puerto Rico.Queremos dejar claro que estamos y seguiremos limpiando la casa",
dijo el superintendente Caldero, quien informó personalmente al cónsul dominicano lo ocurrido.
"No toleraremos acciones como estas donde se violen los derechos
civiles de cualquier ciudadano, ni se mancille el buen nombre de la Policía de
Puerto Rico ni de la Policía Municipal", enfatizó Caldero.
Contra
uno de los agentes estatales involucrados ya pesaba una querella por la pérdida
de su arma reglamentaria y otra por mal uso de la propiedad.
Los
agentes estatales Torres Cortina y Rivero Ruíz, llevaban en la Uniformada
cuatro y once años de servicio respectivamente, mientras que el municipal
Rivera Pagán llevaba cinco años.
De ser hallados culpables por el delito de secuestro, podrán ser
condenados a un máximo de veinte años de cárcel; quince por robo y allanamiento
ilegal, y tres por registrar un vehículo sin una orden judicial.
La
alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, emitió hoy un comunicado en el que
defendió que "nuestros policías municipales trabajan duro diariamente
protegiendo a los ciudadanos y con la dirección adecuada han logrado, junto a
la Policía estatal y las agencias federales, bajar la incidencia criminal".
"No
voy a permitir que las acciones de uno manchen el esfuerzo de los que ponen su
vida en riesgo por la seguridad y protección de vida y propiedad",
enfatizó Yulín Cruz. EFE
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