Regulaciones, sanciones, requisitos, multas hasta der 7-5 millones de euros nueva ley Inteligencia Artificial Unión Europea.

Fuente INFOBAE

La raza, orientación sexual, creencias religiosas y más aspectos se tuvieron en cuenta en la regulación. Las serán de 7,5 millones de euros.

Por Jimmy Pepinosa

 

El conjunto de reglas integrales que regirán la IA en Europa podrían servir como punto de referencia para otros países. (Europa Press/Contacto/Budrul Chukrut)

La Unión Europea alcanzó un acuerdo provisional para la creación de la primera Ley de Inteligencia Artificial (Ley de IA), la cual busca sentar un precedente para regular esta tecnología a nivel internacional.

 

El nuevo marco legal establecerá obligaciones para los sistemas de IA de alto impacto y definirá sanciones que podrían alcanzar hasta los 35 millones de euros.

Dentro de las regulaciones, destacan las exigencias de transparencia en sistemas de IA, está necesidad de presentar documentos técnicos y resúmenes detallados sobre los datos usados en la formación de dichos sistemas.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó la medida como una legislación pionera y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, aseguró que es trampolín para la innovación europea en IA.

 

Hasta la fecha, compañías como OpenAI, creadora del popular modelo de IA generativa, ChatGPT, no han cumplido con estas demandas.

 

Garantizará el derecho de reclamación ciudadana y explicaciones sobre decisiones tomadas por sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo.

Y aunque se espera alcanzar un acuerdo final antes de fin de año, se anticipa que la ley no será efectiva hasta al menos 2025.

 

El primer borrador de la Ley de IA de la UE fue presentado en 2021 y desde ahí ha experimentado revisiones ante el avance rápido de tecnologías como la Bard y Stable Diffusion.

Y tras dos años de discusión, estos fueron los puntos más importantes del acuerdo provisional alcanzados por el bloque comunitario.

Separando por “riesgos”

La IA incrementará la productividad económica, pero también traerá riesgos sociales y políticos que la UE busca regular. (FUJITSU)

Una de las claves de la nueva legislación es que clasifica la IA en función del riesgo que representan y la comisión Europea habla de cuatro niveles, que van desde el más bajo hasta el inasumible.

La mayoría de modelos actuales se enmarcarán en el primero, el de “riesgo mínimo”, paquete en el que entran por ejemplo los sistemas de recomendación. En esos casos, se “beneficiarán de un pase libre y la ausencia de obligaciones”.

Cuando se considere que la inteligencia artificial es de “alto riesgo”, como pueden ser las relacionadas con infraestructuras críticas, como instalaciones de agua, gas y electricidad o dispositivos médicos, la tecnología deberá atenerse a “requisitos estrictos”.

Hay sistemas de mitigación de riesgos,  registro de actividad, supervisión, aportar información clara,  “transparencia específica”,  conciencia de usuarios que deben estar interactuando con una máquina; “riesgo inaceptable”, categoría en la que se incluirían las IA que “manipulan el comportamiento humano para eludir el libre albedrío de los usuarios” y en la Comisión se habla de prohibición.

Aplicaciones prohibidas/

 

La identificación biométrica ha sido un tema de intenso debate en la UE. (foto: IA Latam)

Ya están identificadas y prohibidas aplicaciones tecnológicas que amenazan potencial derechos individuales,  seguridad democrática, categorización biométrica basada en características sensibles, como la raza, orientación sexual y creencias religiosas.

 

Estará prohibida la compilación de bases de datos de rostros a partir de imágenes obtenidas de internet, cámaras CCTV sin un propósito específico, creación de sistemas de puntuación social.

Estas prohibiciones están enmarcadas en una normativa mayor que busca fomentar la innovación tecnológica y establece exigencias especiales para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo.

 

Asegurar correcto cumplimiento, se impondrán sanciones a empresas que no adhieran a las reglamentaciones, multas que oscilan entre los 7,5 millones de euros o el 1,5% de su facturación anual.