Entidades demandan seguridad, salud, educación y equidad de género
Santiago, R.D.-Legaciones de entidades sociales, comunitarias, mujeres, jóvenes, medioambientalistas, iglesias, Juntas de Vecinos, exigen al gobierno garantía en servicios de salud, educación de calidad, seguridad ciudadana, combate a la violencia contra las mujeres, promover una juventud empoderada y participativa.
Provieen de Santiago, Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Baitoa, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas, Villa González y Navarrete, quienes se pronunciaron en prensa, tras la celebración del Congreso de Organizaciones Comunitarias denominado: “Por políticas públicas equitativas, inclusivas y resilientes”.
Raquel
Rivera, vocera de los gremios, evalúa el gobierno debe implementar adecuada
gestión en prevención, mitigación, respuesta del riesgo a escala territorial, desarrollar
iniciativas orientadas a garantizar mayores niveles de habitabilidad, vivienda,
incorporar iniciativas articuladas para salvaguardar el medio ambiente, mitigar
los efectos del cambio climático, garantizar el acceso al agua y niveles
adecuados de saneamiento básico.
Consideran
que es responsabilidad del gobierno central y de los gobiernos locales promover
la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar el
fortalecimiento de las entidades de la sociedad civil organizada, promoviendo
el reconocimiento de los derechos de las organizaciones sociales.
Igual,
apoyo institucional para realizar actividades de creación de capacidades
eficaces en los ámbitos de la organización, el desarrollo, la resiliencia y la
comunicación.
Abogan
por la implementación de iniciativas locales que promuevan la veeduría
ciudadana, la transparencia, la gestión de acciones coordinadas en cada
territorio y la vinculación del tejido social en el proceso de toma de
decisiones a escala local, regional y nacional.
Explicaron
que para el Estado garantizar servicios de salud y educación de calidad es
necesario contemplar entre sus políticas aquellas dirigidas a la salud preventiva
y que las entidades públicas implementen acciones orientadas a lograr que la
cobertura sanitaria y educativa sea universal, al tiempo en que la población
tiene el derecho de acceder a servicios de salud esenciales y a medicamentos y
vacunas seguras, eficaces, asequibles y gratuitos y seguro médico para personas
adultas y pensionadas.
Formación
técnica, profesional, superior de calidad, formación orientada a la atención de
personas con capacidades especiales, lo que incluye la enseñanza igualitaria, adecuación
de instalaciones educativas a las necesidades de niños, personas con
discapacidad, ofreciendo entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces.
La proclama busca trabajar coordinada para que entidades estatales cumplan con sus demandas.
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