Imponen tres meses de prisión de coerción a implicada en tráfico ilegal de armas militares desde Estados Unidos
La Procuraduría Fiscal de
Santo Domingo Este y Norte obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de
una mujer vinculada al contrabando de armas de fuego de uso militar y sus
municiones, provenientes de Estados Unidos.
Hubo que declarar el caso de
tramitación compleja por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.
Dispuso que Estefany de la
Paz cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación
Najayo Mujeres.
El magistrado Cruz Quezada
también impuso medida de garantía económica, de 20 mil pesos, presentación
periódica e impedimento de salida contra Kelvin Peña, imputado como integrante
de la red.
El Fiscal Titular, magistrado
Milcíades Guzmán Leonardo, investigador del caso explicó el modo de operar de
la red de tráfico y contrabando de armas de fuego.
Detalló que el grupo enviaba
el arsenal desde Estados Unidos a través de compañías de transporte camuflada,
con ropas, alimentos y electrodomésticos.
El expediente instrumentado por el Fiscal Héctor Manuel Romero Pérez, tras la investigación de servicios de inteligencia, la Policía Preventiva y miembros la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales, resultaron arrestados los imputados en flagrante delito, en virtud de los hallazgos de un allanamiento.
La operación contó, además,
con la cooperación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos.
Durante la solicitud de
medida de coerción, el Fiscal Litigante, magistrado José Encarnación, dijo
contar con suficientes elementos probatorios para demostrar la responsabilidad
penal de los encartados.
En cuanto a la violación de
un amplio articulado de la Ley 631-16, para el Control, Regulación de Armas,
Municiones y Materiales Relacionados.
Está acusados de violar
artículos del Código Penal y de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo.
Otra violación es la Ley 168-21
que moderniza, simplifica regímenes, procedimientos aduaneros, que elimina la dispersión
legislativa, facilita una mejor comprensión, cumplimiento de los trámites, procedimientos
aduaneros, relacionados a delitos de contrabando y defraudación aduanera.
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