Sigue críticas a ley 1-24 que amordaza a periodistas quiere imponer el gobierno de Luis Abinader

A este macabro y trujillista plan se opones las soeciedades de Diarios Dominicanos; Interamericana de Prensa-SIP-; entidades de profesionales, analistas políticos y otros estsamentos.

 

Por: Marcelo Peralta

Santiago, R.D. Mientras desde el gobierno de Luis Abinader, su Partido Revolucionario Moderno-PRM-, funcionarios de su entorno se ufanan en ejercer presiones, imponer mordaza a periodistas mediante la funesta ley 1-24, personalidades nacionales prosiguen objeciones y repudio a la disposición oficial.

 

Contrario a la aplicación de la ley 1-24, exprocuradores Francisco Domínguez Brito, Radhamés Jiménez, abogados en ejercicio, analistas, empresarios, industriales, se oponen que el sistema de investigaciones controles derechos humanos, cuentas financieras de ciudadanos, porque dicen, sin querer se estaría estableciendo un gobierno dictatorial en la gestión del presidente Luis Abinader.

Domínguez Brito tilda de aberración que el antiguo Departamento Nacional de Investigación -DNI- revestido ahora de Dirección Nacional de Inteligencia, es violatorio a la Constitución de la República, se presta a extorsionar empresarios, vulnerar derechos, quitar poder al sistema judicial, al Ministerio Público, a jueces, a la Policía, Ejército y otros estamentos.

 

Mientras el también exprocurador general del República, Radhamés Jiménez Peña, asegura “nadie puede obligar al periodista a revelar su fuente, ni siquiera el Ministerio Público”, al reaccionar especto a discusiones tras la creación y promulgación de la ley 01-24 por el presidente Luis Abinader en la que establece, controla, regula la Dirección Nacional de Inteligencia y el Sistema Nacional de Inteligencia.

Jiménez Peña, recordó el artículo 49 de la Constitución de la República indica toda persona tiene derecho a expresar libremente pensamientos, ideas, opiniones, difundirla por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

Señala el exfuncionario, en la Constitución se establece en el artículo 49, inciso 3 la “Cláusula de Conciencia”, que resguarda el derecho que tiene el periodista de proteger su fuente, nadie puede obligarlo a revelarlo, ni siquiera el Ministerio Público, que es el órgano fundamental de la investigación en la República Dominicana consagrado Constitucionalmente y mucho menos, ratifica un órgano paramilitar como lo es la Dirección Nacional de Inteligencia.