Fiscalía de Santiago apelará decisión dejó en libertad a 4 miembros de supuesta red criminal de tráfico de drogas
La Fiscalía de Santiago someterá un recurso de apelación en rechazo a la decisión de un tribunal de la Instrucción que dejó en libertad a cuatro integrantes de una estructura criminal de tráfico de drogas que operaba en varias regiones del país y que tras un seguimiento continuo fueron interceptados y arrestados en un parqueo de un residencial de Santiago en medio de una transacción de 11 kilos de cocaína.
El citado tribunal decidió libertad pura y simple, por la supuesta falta
de una orden para allanar, en favor de Pedro José Baldera Mancebo, Edwin Manuel
Cuevas González, Erick David Castro, y Francisco Alberto Rodríguez Villanueva.
Impuso medidas poco gravosas contra Francisco Raúl Torres Cohen, a quien
ordenó la presentación de una garantía económica de 10 mil pesos en efectivo,
prohibición a salir del territorio dominicano y presentarse mensualmente ante
el órgano acusador.
Enfrentan cargos por violación a los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la
Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de traficantes
Castro y Torres Cohen se le adicionan los delitos contemplados en los artículos
66 y 67 de la Ley 631-16 por el porte y tenencia de armas de fuego sin la
documentación que establece la ley.
En otro vehículo, Hyundai Sonata, color blanco, en poder de los
procesados, se incautó, en un compartimiento secreto fue hallado un paquete de
lo que se presume es marihuana, así como una pistola marca Taurus con su
cargador y cápsulas.
Otras pistolas incautadas son una Heckler & Koch, calibre 40, con su
cargador y ocho cápsulas, y una marca Smith and Wesson, así como más de un
centenar de municiones.
Además de la citada cantidad de presunta marihuana, se ocuparon otras
tres porciones de ese mismo vegetal, una trituradora y una mochila en cuyo
interior había 86 mil 50 pesos y 25 dólares estadounidenses.
La decisión emanada de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente, fue tomada por la jueza Kimberly Tatis, quien alega da seguimiento a
agentes actuantes necesitaban autorización judicial.
El órgano persecutor considera que la decisión es desacertada,
improcedente y carente de lógica procesal, en tanto que envía a las calles a
cuatro integrantes de una organización criminal en cuyo poder se ocuparon 11
kilos de cocaína y otros paquetes de marihuana, que serían objeto de una transacción
frustrada, además de ocupárseles vehículos, armas de fuego y dinero en
efectivo.
El Ministerio Público reitera que “el tráfico y la comercialización de
drogas constituyen una grave amenaza para la seguridad pública y la salud de
las personas”, y, que, por tanto, la lucha contra este flagelo “debe ser
visibilizada, enfrentada en el territorio y en los tribunales, en razón de que
este crimen potencia la ocurrencia de otros delitos y su insistencia no debe
ser tomada a la ligera”.
La frustrada transacción de narcóticos fue posible tras la instalación
de equipos interagenciales que durante varias horas se movilizaron desde Santo
Domingo Este hasta Santiago, persiguiendo los vehículos.
En el operativo de interdicción que culminó en un residencial del este
de la ciudad de Santiago, las autoridades apresaron en flagrancia a los cinco
imputados, a quienes les ocuparon 10 paquetes de una sustancia en polvo que se
presume es cocaína, con un peso de 11.5 kilogramos, en el interior de un jeepeta
Kia Sorento.
En la medida de coerción la Fiscalía establece que esta estructura
criminal transportaba drogas desde Santo Domingo Este a Santiago, para
posteriormente enviarlas a Estados Unidos y Europa.
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